Investigadores piden suspender salida de 380 reos de prisión

• Alegan dudas legales en medidas tomadas por Ministerio de Justicia
• Sindicato del OIJ se mantiene firme en oposición a plan colectivo de traslado

Miembros de Anic presentaron la documentación ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Imagen cortesía de Anic

La Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (Anic) solicitó la suspensión del acto administrativo que ordenó la salida de prisión de 380 privados de libertad.

Álvaro Rodríguez, directivo de Anic, confirmó que se presentó la queja ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Según insistió, están disconformes con la medida tomada por el Ministerio de Justicia y Paz en acatamiento a una orden girada por un juez de ejecución de sentencia de Alajuela.

“Presentamos un proceso de legalidad porque hay algunas cosas que se salen de lo legal, según nuestros criterios. Se sustentan en que la salida de estas 380 personas, es al tenor de lo que ordena el juez. Pero, él no ordena que saquen a los reclusos, sino que entre otras cosas puedan reubicar a la gente. Nunca dice que las personas tengan que ser puestas en libertad, habla de ‘egresarlos’. Ahí empezamos mal”, comentó Rodríguez.

El Ministerio de Justicia emitió 2 circulares para permitir el traslado de reclusos del régimen institucional (prisión) al semi-institucional. A diferencia de la Circular 05-2015, la Circular 08-2016 contempla la posibilidad de que reclusos con 2 causas penales o sin oportunidad laboral se puedan acoger al cambio en su régimen.

“Si fuera que se atiende a que salgan mediante los procesos normales. Entonces, un condenado por homicidio, que le falte uno por salir, califica (…) Hay que ver el orden de las cosas, entonces quiere decir que hasta los homicidas tendrían derecho, si se cumple con el requisito ordinario de lo que dice el juez”, relató el líder sindical, quien laboró por 30 años en el OIJ.

Rodríguez indicó que buscan que el juez contencioso considere como un ‘atropello’ la decisión de reubicar a 380 personas en el régimen semi-institucional.

“Se sale de los controles de cómo tiene que hacerlo el Ministerio de Justicia. De paso, su propio reglamento establece que las valoraciones deben ser individuales, no grupales. En este caso, se dio colectivo”, apuntó el representante gremial.

El traslado de estos privados de libertad obedece al cumplimiento de una orden girada por un juez de ejecución de la sentencia, quien urgió reacomodar el sistema penitenciario para desahogar la cárcel Gerardo Rodríguez, en San Rafael de Alajuela.

En este debate, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó que el tema sea discutido con mecanismos de diálogo, ya que sostienen que es necesaria una asesoría desde el punto de vista de investigación judicial.

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