La Cámara de Industrias de Costa Rica planteó una acción de inconstitucionalidad contra la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Los empresarios no aceptan asumir gastos excesivos y no requeridos para brindar el servicio de combustible.
“Es claro que ocho rubros de la convención colectiva de Recope que suman cerca de ¢5 mil millones no son requeridos para brindar el servicio y por tanto no pueden ser cargados a los precios de los combustibles que pagamos todos los costarricenses”, comentó Enrique Egloff, presidente de los industriales.
Para la Cámara de Industrias, las cláusulas impugnadas impiden que la Aresep pueda fijar tarifas equitativas en materia de combustibles, ya que incluyen una cantidad de gastos de la institución ajenos a la prestación del servicio público.
“Dichas cláusulas son inconstitucionales por violación de un derecho fundamental de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses económicos consagrado en el artículo 46 de la Constitución, así como el derecho a tarifas equitativas”, sentenció.
Los industriales consideran que Recope no está autorizada legalmente para cobrar un costo ajeno al servicio, por lo que crea un nuevo tributo.
“En este momento no se están protegiendo los intereses económicos de los usuarios, más bien se está violando el derecho fundamental de los usuarios en la fijación de tarifas equitativas”, agregó.
El tributo, según los industriales, fue creado mediante una resolución administrativa de la Aresep, como consecuencia directa de tener que incluir los costos contemplados en las cláusulas de la convención.
Algunos de estos beneficios son los permisos para la participación de los empleados de Recope en cursos sobre el cooperativismo y la asistencia a asambleas de delegados, gastos por concepto de psicología laboral y trabajo social, y servicio de restaurante, indicaron los industriales.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 22 Junio, 2016
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