El 1 de setiembre un grupo que reúne a 20 organizaciones de trabajadores del sector público, denominada Unión Sindical en Acción realizarán una concentración de 10 a.m. a 3 p.m. frente a la Asamblea Legislativa para darles a conocer a los diputados la posición de los trabajadores respecto al tema del empleo público y el déficit fiscal.
Desde el 15 de julio el grupo de sindicalistas que representan al 70% del sector público dio a conocer a la población laboral, así como a las organizaciones de trabajadores y la ciudadanía, que las medidas contenidas en los proyectos de Ley de Empleo Público aumentarían la desigualdad en el país.
Además, externaron que los datos oficiales demuestran que la causa del déficit fiscal no radica en los salarios del sector público sino en aspectos relacionados con la estafa al fisco en todas sus formas.
Por lo anterior los sindicatos suscribieron un acuerdo denominado Unidad en la Acción en Defensa de los Servicios Públicos y de la Justicia Tributaria para conocer en qué consiste ese acuerdo y las amenazas que dicen enfrentaría el sector público en la reducción de las garantías laborales individuales y colectivas vigentes en el país.
DIARIO EXTRA recibió a 12 representantes sindicales que designaron como voceros a Ricardo Molina de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Olga Gómez de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y Gilbert Díaz del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC).
¿Cuáles son las preocupaciones de este grupo de trabajadores?
-Ricardo Molina: Hemos coincidido en dos ejes de lucha básicos: uno, la oposición rotunda y firme a las leyes de empleo público, y dos, el tema fiscal, donde obviamente alrededor están el congelamiento salarial y el déficit fiscal del gobierno. Esto hizo que nosotros como organizaciones sindicales nos acercáramos, ya hicimos un primer encuentro el 15 de julio. Son más de 20 organizaciones que tratamos de unirnos en un mismo sentir porque hemos visto que estas políticas neoliberales están tratando de desmantelar el Estado social de derecho solidario. No estamos peleando por migajitas o un salarito, estamos hablando de una cuestión global, del Estado social de derecho que se quiere desmantelar.
¿A qué llaman ustedes “criminalización del empleado público”?
-Olga Gómez: Se nos ha querido cargar la mala administración de entidades en particular, llámense Recope, ICE. Más allá de eso el discurso que se le ha dado al pueblo es que somos responsables del déficit fiscal que tiene este país y hemos comprobado a través de estudios muy serios que no tenemos la responsabilidad de lo que está sucediendo. Por eso uno de los ejes de trabajo reclama el tema de la mesa fiscal donde se discuten realmente los proyectos que están en la Asamblea y que salgan adelante aquellos que hagan pagar a los ricos como ricos y a los pobres como pobres. Si hay alguna persona a quien le cobran todos los impuestos es al trabajador público, no hay manera de que los evada; llegan directos a su institución, de ahí se trasladan al trabajador, ese dinero usted no le ve y eso es lo que sostiene el sistema social de derecho, que ya no es tan fuerte como quisiéramos. La pelea nuestra va más allá de defender el salario del sector público porque si lo que moviliza la economía de este país es el trabajador público y su salario, si se afecta tendríamos una crisis social.
¿Qué sectores convergen en este llamado de unidad sindical?
-Olga Gómez: Convergemos diferentes sectores como energía, combustible, sector educación, salud, municipal, tráfico aéreo, puertos y otra diversidad de sectores a los que nos une la defensa de los derechos de la clase trabajadora de este país.
¿Por qué hay otros que no están dentro de esta unidad sindical?
-Ricardo Molina: Fuimos a hablar con la gente del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), le hicimos la invitación para sumarse a participar, pero como la unidad sindical no es por decreto ni es una ley, ellos tienen la opción de decir que sí o que no, pero ya dijimos que la mejor manera de enfrentar esto es en unión sindical.
¿Como empleados públicos son conscientes del problema fiscal que enfrenta el país?
-Gilbert Díaz: Somos conscientes de que hay un problema fiscal, pero queremos ratificar que no somos los trabajadores del sector público quienes lo hemos provocado y está claro que no se resuelve en nada modificando nuestra estructura salarial. Hemos dicho que si el problema es fiscal, que se presenten los proyectos, pero que ataquen el problema de evasión. Tenemos claro que apoyaremos todas aquellas medidas que atiendan el verdadero problema fiscal, siempre y cuando no signifiquen más impuestos para nosotros los trabajadores nuevamente. Además deben tener claro que el tema del empleo público no está en la discusión de nuestra mesa y no queremos que nos señalen que nos oponemos a todo. Tenemos propuestas de cómo construir y lo más importante que hicieron los diputados con esos proyectos de empleo público fue unir al movimiento sindical.
¿Cuál sería la consigna de la movilización que planean para setiembre?
-Olga Gómez: El movimiento sindical se va a manifestar en el único lugar donde tiene para hacerlo, que es las calles, porque no tenemos otro lugar; las calles es el lugar de la ciudadanía. Lo haremos en una situación más unificada, donde todos salgamos en un momento determinado con una misma agenda, pero además con una propuesta de trabajo porque no se trata solo de salir a hacer escándalo y a molestar, como nos dice la población, sino más bien a reclamar espacio para hacer una agenda de trabajo que le permita al gobierno tener un socio estratégico, que es lo que en realidad somos el movimiento sindical, porque además de que representamos a la clase trabajadora también como ciudadanos tenemos propuestas.
¿Han tenido efectividad las protestas del movimiento sindical respecto a los proyectos de empleo público?
-Ricardo Molina: Quién sabe en qué situación estaría el empleo público ahorita si los sindicados no hubiéramos mostrado nuestra fuerza, nuestros acuerdos y ejes de lucha. Creo que sí ha tenido efectividad en el sentido de decirles al gobierno y a la Asamblea Legislativa cuál es nuestra posición y no sabemos qué hubiera sucedido si no hubiéramos salido a las calles. Por eso pienso que esta nueva movilización es totalmente distinta a todas las anteriores porque puede ser un aviso al gobierno de lo que le espera si presenta una nueva ley de empleo público. La mayoría de nuestras organizaciones tiene claro que en el momento que entre cualquier ley de empleo público al plenario se propondrá una huelga indefinida. No se va a permitir que pase la ley de empleo público.
¿Cuál es el principal problema con que se topan las organizaciones de trabajadores?
-Fabio Chaves: La conclusión que hemos llegado es que este gobierno no está escuchando a los sectores sociales. Hay un divorcio con los sectores populares, escucha solamente a las cámaras y sindicatos empresariales. Independientemente de la fórmula de las manifestaciones el gobierno no escucha a los taxistas o los escucha pero tampoco hace caso. Para el gobierno el diálogo es sentarse a escuchar, pero no resuelve absolutamente nada. A mi concepto no queda bien con Dios ni con el diablo. Ese es un problema de esta administración.
¿Cómo disminuirán el descontento de la ciudadanía ante la suspensión o interferencia de los servicios públicos con la movilización que realizarán?
-Olga Gómez: En el momento que el empleo público deje de ejercer la función que realiza toda la ciudadanía se verá afectada. Si al ICE le despiden la población que planean, el servicio se va a afectar; si en el Seguro Social despiden a los empleados, la gente va a llegar y no va a encontrar quién la atienda, ni quién le pase el expediente, ni quién la reciba en la entrada. No se trata solamente de que hoy no le di el servicio porque estoy protestando en la calle, es que si me despiden no va a van a contratar a nadie para que le dé ese servicio. Hay que ir más allá en ese análisis del efecto que tiene reducir la estructura estatal de la forma que quieren hacerlo. Si hoy resienten que Olga Gómez no está en su puesto de trabajo para atender esa consulta, más van a resentir cuando del todo no haya nunca nadie porque eso es lo que andan buscando, reducir la estructura estatal.
¿QUÉ ES LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO?
La Ley de Empleo Público es un proyecto que busca unificar los
salarios de los (as) funcionarios (as) públicos y reformar las relaciones
laborales, al eliminar los derechos y las garantías ganadas por la clase trabajadora. A este proyecto también se le conoce como la
Ley de Salario Único. En la actualidad existen tres proyectos que persiguen este mismo objetivo. El primero fue propuesto por el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, el segundo por la liberacionista Sandra Piszk y se mantiene vigente el presentado por la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda. Todavía no se encuentran en discusión en la Asamblea Legislativa, pero ya cuentan con un apoyo muy numeroso de diputados (as), quienes podrían convocarlo a la corriente legislativa en cualquier momento.
Fuente: Sindicatos
OPCIONES QUE NO IMPLICAN NUEVOS IMPUESTOS
Ámbitos que podría trabajar el gobierno sobre el déficit fiscal sin que sean nuevos impuestos
1. Exenciones
2. Exoneraciones
3. Impuesto a las transacciones financieras por un periodo transitorio para controlar el flujo del dinero del narcotráfico en el sistema financiero costarricense;
4. Rentas al capital después de cierto monto
5. Revisar el pago de intereses de la deuda pública y reestructurar.
6. Evasión y elusión tributarias.
Ahorita la principal causa del déficit fiscal es el pago de intereses de la deuda. De eso hay mucho escrito, las universidades lo tienen, los sindicatos tenemos centros de estudio también, pero al gobierno no le interesa una mesa fiscal nacional pausada, tranquila, sino que nos lleva a una alternativa de más impuestos.
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga
CRÉDITOS: Fotos: José A. Venegas
EMAIL: auxiliadora.zuniga@diarioextra.com
Martes 23 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM