Un grupo de habitantes del cantón de La Unión, Cartago, presentó una demanda contra el Estado costarricense y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para exigir que se adopten medidas inmediatas encaminadas a prevenir el impacto de un taponamiento del cauce del río Chiquito.
El proceso judicial se tramita en el expediente 16-5584-1027-CA, abierto desde el 24 de junio en el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo.
“Para mis clientes resulta inexplicable que haya pasado tanto tiempo sin que se tomen medidas de monitoreo, control y prevención, poniendo en riesgo la vida y los bienes de unas 30 mil personas. Esa es la razón principal por la cual los habitantes de esa zona decidieron emprender acciones legales en contra del Estado y la compañía (empresa privada) porque el grado de inoperancia en este caso es intolerable”, afirmó Walter Brenes, representante legal de los demandantes.
Desde 2011 el Departamento de Prevención y Mitigación de la CNE envió un informe escrito a la Municipalidad de La Unión, luego de realizar una inspección in situ para valorar el deslizamiento activo que se encuentra en la margen derecha del río Chiquito.
Brenes indicó que “casi seis años después la Comisión todavía permanece cruzada de brazos, sin tomar medidas preventivas antes de que ocurra alguna desgracia”.
En la demanda se le solicita al Tribunal que se obligue a la CNE y al Estado a realizar una labor de monitoreo de la masa de tierra y del lecho del río, además construir accesos al área para limpiar los bloques del cauce, desarrollar obras de drenaje para el manejo de las aguas de lluvia y extraer materiales en la parte superior del río para reducir la presión.
“La política irresponsable del Estado costarricense, sumado a los antecedentes que se han presentado en las últimas semanas en el cantón de Mora, y aparte de que estamos en un país con temporadas de lluvias muy intensas, nos han obligado a tomar acciones legales”, comentó.
Junto con el Estado costarricense, los vecinos también presentaron el reclamo contra Hacienda San Rafael S.A., empresa que posee una propiedad de 20 hectáreas adyacentes al río, donde se pretende explotar un tajo para extraer materiales rocosos y así alivianar la problemática descrita en la denuncia.
El documento legal indicó que la ruptura del taponamiento ocasionaría “una avalancha de lodo y bloques… que tendría consecuencias catastróficas para las comunidades que se encuentran aguas abajo”.
Un informe del geólogo Allan Astorga reveló que al menos 30 mil personas están en riesgo debido al deslizamiento que tiene lugar en esta comunidad.
PERIODISTA: Sussy Villarreal Núñez
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Sábado 17 Septiembre, 2016
HORA: 12:00 AM
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