La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el colectivo sindical Patria Justa, le hicieron una advertencia al gobierno y a los diputados: si se continúa fraguando el acuerdo para impulsar la aprobación de los proyectos de Impuesto al Valor Agregado y de Empleo Público, los empleados públicos podrían ir a huelgas sectoriales y en el peor de los casos a un paro de labores general e indefinido.
Los sindicatos catalogaron al acuerdo que busca el gobierno con los diputados como “un coctel socialmente explosivo”.
“Mezclar el proyecto para aumentar el impuesto sobre las ventas, elevándolo del 13 al 15 %, con una iniciativa sobre empleo público que no resuelve el problema del déficit fiscal ni en una milésima parte, imponiéndoles la vía rápida de tramitación parlamentaria, no es más que abrir la vía rápida para la confrontación social abierta con todos los gremios, asociaciones y sindicatos de prácticamente la totalidad del sector Público”, dijo en un comunicado de prensa el secretario general de la ANEP, Albino Vargas.
Semanas atrás el presidente, Luis Guillermo Solís, dijo que las amenazas de los sindicatos en general no tenían razón de ser y los llamó a sumarse a las negociaciones para buscar consensos alrededor de los dos proyectos.
Los proyectos que rechazan los sindicatos son dos: el Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Empleo Público.
El primero es un proyecto que sustituye el impuesto de ventas por uno de valor agregado (IVA). La tasa subiría del 13% al 15% en un plazo de dos años. Cuando se apruebe, algunos servicios que hoy están libres de tributos, como los de abogados y contadores, empezarán a tenerlos.
También aumentarán los hospedajes en hoteles y paseos turísticos. Quedarán libres del gravamen la educación privada, alimentos como hortalizas, leguminosas, arroz, pan, leche y tortillas; insumos agropecuarios y de pesca, así como la venta de equipo ortopédico.
El Poder Ejecutivo pretende devolver, a través de un registro único, al 40% de las familias más pobres lo que paguen por este impuesto.
El de Empleo Público, busca poner un límite a los pluses salariales de los trabajadores del Estado, que representan los mayores disparadores del gasto público.
La iniciativa contempla un cambio en el pago de anualidades, se les reconocería un 1,94% y un 2,56% solo a los empleados que reciban una calificación como “muy buenos” y “excelente”, respectivamente. Además, establece topes al pago de disponibilidad, de forma tal que no supere el 35%, en este momento puede alcanzar hasta un 50%; no reconoce la prohibición a los “no profesionales” y baja de un 30% a un 20% el pago a los funcionarios que sean bachilleres y de un 65% a un 60% a quienes tengan un postgrado.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Martes 18 Octubre, 2016
HORA: 12:00 AM
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