El grupo de abogados liderado por Diddier Carranza corrió ayer los pasillos legislativos con el fin de reunir las firmas que permitieran mantener en consulta ante la Sala Constitucional la reforma a la “Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al terrorismo”, y atrasar así su votación en segundo debate legislativo.
La presión tuvieron que hacerla después de que los diputados liberacionistas que habían apoyado la consulta se echaran para atrás.
“Vinieron un grupo de notarios de la Asociación de Litigantes y nos expusieron un tema diciendo que no se les había dado la posibilidad de participar en el proceso de discusión. Nos explicaron que había dudas o vicios de constitucionalidad, entonces dijimos mandémoslo a la Sala. Recogimos 12 firmas. El lunes en la fracción valoramos el tema y el Gobierno nos planteó que era conveniente que venía la reunión del GAFI en Estados Unidos y que la misión costarricense iba. Que lo conveniente para el país es que se presentara en segundo debate”, justificó el verdiblanco Juan Marín.
Al respecto, Carranza criticó fuertemente la posición de los legisladores, tildándolo “como un juego, no es posible que un diputado diga hoy una cosa y mañana diga otra cosa”.
Finalmente, lograron sumar las firmas de los legisladores Carlos Hernández, José Alberto Alfaro, Jorge Arguedas, Marvin Atencio y Rosibel Ramos.
No obstante, nuevamente otros legisladores retiraron sus rúbricas, según confirmó el diputado Jorge Rodríguez a DIARIO EXTRA, de manera que la consulta se quedó sólo con 7 firmas de las 10 necesarias.
Sin embargo, el legislador, indicó que, aunque se tenía planeado votar el proyecto ayer en segundo debate legislativo, -en una sesión extraordinaria- ahora tendrán que esperar a que la Sala Constitucional emita una resolución, pues, a pesar de que los legisladores retiraron las firmas, ya se le había dado curso a la consulta.
Los notarios insisten en que la nueva ley los dejaría en desventaja.
“Es muy oneroso lo que se le pide al notario, primero que todo tenemos que andar como policías fiscales investigando a los clientes que llegan a la oficina, hay que informar a las autoridades gubernamentales sobre las transacciones, cada vez que se haga una negociación. El notario tiene que estar obligado a cumplir con una serie de requisitos, a los cuales no ha estado viniendo a estar obligado.
Por ejemplo, en su oficina le van a exigir tener una patente comercial, sacar un seguro adicional y la municipalidad le va a pedir que cumpla con los requisitos de la Ley 7.600” alegó Carranza.
El Poder Ejecutivo ha presionado por la ley para evitar que el país entre en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
PERIODISTA: Jacqueline Solano
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Miércoles 10 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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