El Frente de las Organizaciones Gremiales del Poder Judicial comunicó que el 19 de julio marcharán hasta la Asamblea Legislativa para reclamar a los diputados lo que entienden es un rompimiento de los compromisos, ya que estos afinarían el proyecto que se confeccionó con la participación de la Superintendencia de Pensiones (Supen) para reformar el régimen de jubilaciones de la Corte.
Una comisión especial legislativa es la encargada de construir un proyecto de ley que busque aplicar modificaciones al régimen de pensiones del Poder Judicial para lograr su estabilidad financiera.
Los legisladores que la integran se dividieron en dos grupos, luego que tres de ellos impulsaran un texto sustitutivo que se conformó con asesores de la Supen y que los gremios insisten es nocivo para ellos.
Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura del Poder Judicial, alertó que las fracciones se reunieron en la Supen para ajustar el proyecto en mención.
“Actuaciones como esta constituyen una burda maniobra con la que se traicionan los acuerdos alcanzados el año anterior entre los jefes de fracción, que tenían como base mantener como discusión el proyecto que presentaron los gremios”, afirmó.
De acuerdo con Orocú, el proyecto de la Supen pretende subir la edad de retiro a los 65 años y los años de servicio a 35. Eliminar el retiro anticipado, subir el aporte obrero al 17% y bajar el monto de la pensión a “porcentajes indignos”, como un 72% del cálculo de los últimos 20 años de servicio.
ALERTA INNECESARIA
Al consultar a Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien integra la comisión, sobre las amenazas de los gremios las minimizó e insistió en que hay una sobrerreacción innecesaria por parte de los sindicatos.
“Creo que están manejando mal la información, esa no fue una reunión secreta, y creo que ellos están desinformando para aglutinar a los trabajadores. Estos temas se vienen hablando como el aumento de la edad, pero lo del 17% no se ha conversado en ningún momento”, afirmó.
La congresista lamentó que temas que ella considera urgentes, como sacar la administración del fondo de las manos de la Corte, no se pongan en discusión.
Guerrero ha reiterado que el texto que proponen los gremios apenas subsana ¢1 billón el déficit del régimen, que según los actuarios de la Universidad de Costa Rica en el mejor de los casos es de ¢5,3 billones.
MEDIDAS
Ante la insistencia de las bancadas de Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario, los funcionarios judiciales tomarán medidas, entre ellas la posibilidad de ir a huelga. Por lo pronto insisten en manifestarse frente al Congreso y que se les incluya en las mesas de trabajo para la construcción del proyecto. Alrededor de 1.600 familias esperan una resolución en este tema que lleve a los diputados a aprobar una iniciativa de ley que todas las partes acojan.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto archivo
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Martes 11 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
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