La decisión de Carlos Chinchilla, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de presentar ante la Procuraduría General de la República la solicitud para que inicien los trámites de declaratoria de ilegalidad por la huelga en el Poder Judicial, motivó a uno de sus dirigentes, Roberto Montero, a animar a los huelguistas a no asustarse, asimismo señaló que el movimiento termina cuando los empleados judiciales lo decidan, lo que esperan sea tras haber satisfecho sus demandas.
“Primero el procedimiento es bastante complicado y lento. Primero nosotros vamos a estar sentados negociando, antes de que pase, la aprobación de cualquier huelga ilegal. Así que tranquilos por ahí. Segundo ¿quién va a resolver la legalidad o ilegalidad de la huelga si el pleno de los jueces laborales competentes en San José nos apoya? Están con nosotros, démosles un fuerte aplauso a esos jueces laborales que no se están doblegando”, detalló Roberto Montero, del Frente Gremial del Poder Judicial.
Los empleados se mantuvieron bajo el fuerte sol en las gradas de la Corte Suprema de Justica y en la Plaza de la Justicia, donde se escucharon las consignas de los líderes sindicales Jorge Morales, Álvaro Rodríguez y Roberto Montero, los cuales alentaron a los empleados a no desfallecer en el movimiento, ni a hacer caso a los rumores que se desatan sobre la posibilidad de que el Frente Gremial estuviera negociando con los legisladores acuerdos que no serían avalados por los trabajadores.
Por su parte, Jorge Morales, del Frente Gremial del Poder Judicial, indicó en su intervención que la jornada del pasado miércoles fue exitosa porque lograron impedir que el texto propuesto por la Superintendencia de Pensiones (Supen) fuera incluido en el análisis sobre las reformas al fondo de pensiones judicial.
“El proyecto de Supen es historia. Don Álvaro Ramos que oiga este pueblo, pero claro tenemos que estar vigilantes y conscientes que eso no es suficiente. Necesitamos estar sentados ahí como personas civilizadas con soluciones a la tica a discutir lo que tenga que salir para que no nos vuelvan hacer porque debemos estar presentes para garantizar que las cosas que deban corregirse se hagan”, destacó Morales.
ESTIRA Y ENCOJE
De acuerdo con el acta No. 30 de la sesión plenaria del jueves 30 de junio del 2016, siendo presidente legislativo Antonio Álvarez se votó una moción para que el texto base que se usara para la discusión del fondo de pensiones de los empleados judiciales fuera el presentado por los gremios.
El acta en poder de El Periódico de Más Venta en Costa Rica indica: “Voy a repetir para que estemos claros, hoy esta moción que estamos votando la conversamos con los gremios del Poder Judicial, con representantes de la administración del Poder Judicial, quienes estuvieron de acuerdo y que queda en los términos que les indiqué”, precisó Álvarez.
El documento agrega: “Hay una moción de texto sustitutivo que se está agregando al expediente para que la base de la discusión sea el texto original del expediente 19.651, que fue la propuesta de modificación a las pensiones del Poder Judicial, presentada por un número importante de diputados de esta Asamblea Legislativa, elaborado en el Poder Judicial.
Ese sería el texto base con el que trabajaría esa comisión en un plazo de cuatro meses para esperar la llegada del dictamen del estudio actuarial que está preparando la Universidad de Costa Rica, plazo en el cual habrá tiempo suficiente para recibir en audiencia a las diferentes organizaciones y a las autoridades del Poder Judicial en aras de que pueda salir la reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial”, señaló Antonio Álvarez en el momento de someter la moción que quedó aprobada con 39 votos a favor y 10 en contra.
Precisamente el no cumplir ese acuerdo es lo que tiene a los empleados judiciales enfrentados con los diputados, quienes accedieron el miércoles pasado a hacer un lado el texto de la Supen y empezar a redactar otro. En este sentido, la diputada Marcela Guerrero admitió que están dispuestos a sesionar los días que haya que hacerlo, pero siempre tomarán los criterios técnicos para la elaboración de la reforma.
Álvaro Rodríguez, de la Asociación de Investigadores y Criminalistas (ANIC), manifestó que de ser necesario se mantendrán alertas el sábado y domingo ante la eventualidad de que la comisión dictamine el texto que incluye los cambios en las pensiones.
“Este movimiento se mantiene, aunque no es eterno, pero debemos resistir. Aunque haya presiones para que paremos, no lo haremos hasta que haya respuesta positiva a la demanda de nuestros derechos de una pensión digna”, recalcó Rodríguez
APOYO CORTE PLENA
El Poder Judicial entra este viernes en su octavo día de huelga, ayer jueves el magistrado Carlos Chinchilla fue autorizado durante una sesión extraordinaria de la Corte Plena para iniciar los trámites que corresponden en derecho laboral para que un juez de la República declare la huelga ilegal.
“Es una huelga que podría decirse es atípica, porque no se dirige contra el patrono, sino contra otro poder de la República y por eso el ámbito de la negociación es limitado. El diálogo no se ha agotado, se ha hecho hasta puntos extremos, ayer (miércoles) estuve aquí en mi oficina atendiendo a los gremios hasta las 11 de la noche y pidiéndoles lo que siempre he dicho, que depongan la huelga porque hay que pensar primero en el ciudadano costarricense”, subrayó el magistrado Carlos Chinchilla.
Chinchilla reconoció que el atraso en la entrega de cuerpos con motivo de la huelga fue un golpe de imagen para la institución y pidió disculpas a las familias afectadas por el atraso y sostuvo que la sección de patología labora desde el miércoles de forma normal.
La tarde de ayer, el Presidente de la Corte presentó la solicitud ante la Procuraduría General de la República para que se inicie, en un Juzgado de Trabajo, el proceso para la declaratoria de ilegalidad de la huelga. El funcionario no detalló los argumentos sobre los cuales pedirán esa declaratoria, que sería la primera vez en la historia judicial que se tramite.
“Nosotros no tenemos la capacidad de deponer la huelga. El llamado es a los gremios, asociaciones y sindicatos del Poder Judicial para que depongan la huelga, si lo hacen se facilita todo. La imagen del Poder Judicial y sobre todo el servicio al ciudadano costarricense lo hacemos efectivo y de alguna forma podemos incorporarnos a la discusión del régimen de pensiones. Se va a generar un nuevo proyecto de ley, queremos participar en el mismo y aportar con ideas”, aseveró Carlos Chinchilla.
De acuerdo con la información, los magistrados de la Sala Constitucional Ernesto Jinesta, Fernando Cruz, Ronald Salazar, German Campos y Fernando Castillo, así como Luis Fernando Salazar, se abstuvieron de votar el acuerdo porque ellos tienen pendientes de tramitar varios recursos de amparo presentados donde se discuten las consecuencias de la paralización de los servicios del Poder Judicial.
EMPRESARIOS MOLESTOS
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) hace un llamado a los empleados del Poder Judicial a deponer la huelga indefinida que mantienen, que ha generado la paralización de servicios públicos.
Para los empresarios, la huelga promovida por los sindicatos no tiene razón de ser, dado que en la Asamblea Legislativa existe total anuencia a negociar un nuevo proyecto, y sin embargo, los gremios mantienen una posición intransigente.
“La Unión de Cámaras hace un llamado a los grupos sindicales a pensar en el bienestar de los costarricenses y evitar situaciones tan lamentables como las que ocurrieron el fin de semana en la Medicatura Forense, con la negativa de los funcionarios a entregar los cuerpos de seres queridos a las familias dolientes”, refirió Franco Arturo Pacheco, presidente de Uccaep.
El sector empresarial ha externado su preocupación por los privilegios desmedidos en las pensiones del Poder Judicial, que a todas luces es insostenible y requiere modificaciones.
“Es evidente que el sistema de pensiones del Poder Judicial es un régimen de lujo, poco equitativo y con varios privilegios, pues basta con 30 años de cotización para pensionarse, se otorgan pensiones sin tope y algunas superan los ¢9 millones, mientras que en el régimen del IVM la pensión máxima es de ¢1,5 millones”, especificó Pacheco.
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga
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Viernes 28 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
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