Hoy la huelga del Poder Judicial suma más de una semana con la amenaza de que una jueza de Pococí resuelva la ilegalidad del movimiento que arrancó el 19 de julio y recrudeció las tensiones entre los miembros del Frente Gremial y los ocho diputados de la comisión legislativa que dictaminó el proyecto que establecería varias reformas al fondo jubilatorio de 16 mil funcionarios.
De acuerdo con la página de Facebook del Frente Gremial, se convocó a los empleados para que lleguen vestidos de rojo como forma de mostrar la valentía que los une en la lucha por que los cambios al fondo jubilatorio contemplen sus propuestas.
La convocatoria hace un llamado para que todos los circuitos de San José se reúnan en la Plaza de la Justicia mientras que los funcionarios de las zonas rurales deberán sumarse al más cercano.
El viernes por la tarde la Procuraduría General de la República, a petición del presidente de la Corte Carlos Chinchilla, presentó la solicitud formal ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica (Pococí) para la calificación de la huelga en el Poder Judicial, bajo el expediente 170005210929LA.
Después de conocerse que sería una jueza de Pococí la que resolvería la huelga ante la negativa de los 18 jueces laborales de San José, las redes sociales estallaron criticando a la funcionaria que habría emitido opiniones subjetivas en su página de Facebook sobre el movimiento, lo cual la inhibiría de conocer el expediente presentado por el abogado del Estado.
Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA revelan que se analiza la posibilidad de recusar a la jueza de Pococí de apellidos Quesada Porras.
La recusación, según nuestro informante, es una figura jurídica cuando un funcionario judicial incumple el deber de inhibirse ante una causa por diversas razones. Es el instrumento que utilizan las personas que detectan que existían razones para la inhibitoria y el juzgado no lo hizo.
Este lunes se conocería el texto sustitutivo que los gremios y la Corte elaboraron como una propuesta intermedia a la dictaminada por la gran mayoría de los legisladores; el documento sería presentado por el diputado del Frente Amplio Jorge Arguedas.
NO QUIEREN TEXTO DE DIPUTADOS
El jueves pasado, 8 de los 9 legisladores aprobaron un proyecto de ley que establece varios cambios, sin embargo, los gremios no lo avalan e insisten en mantener la huelga hasta que se les permita un texto avalado por los funcionarios y la Corte.
Entre los cambios que los congresistas acordaron incluir están una junta administrativa del fondo de pensiones que tendrá independencia de la Corte. Además, se establece un porcentaje de retiro del 85% del salario de los funcionarios (hoy se mantiene en el 100%) y un aporte obrero de entre el 11% y el 15% de forma gradual, según el sueldo del funcionario.
La iniciativa elaborada por la mayoría legislativa indica que para el retiro ordinario se requerirán 20 años de trabajo, 65 años cumplidos y 35 de servicio, y para los trabajadores que no han cumplido los 65, pero sí 35 de servicio, pueden jubilarse las mujeres con 60 años y los hombres con 62.
Se incluye un tope a las pensiones de lujo de forma escalonada, después de los ¢4 millones tendrán que pagar una contribución solidaria, las de ¢5 millones cancelaría un 25%, de ¢5 millones a ¢6 millones un 35%, de ¢6 millones a ¢7 millones un 40%, de ¢7 millones a ¢8 millones un 50% y las que superen ¢8 millones un 55%.
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga
CRÉDITOS: Foto: Herbert Arley
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Lunes 31 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
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