Desde hace siete días 1.185 estudiantes del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Granadilla no reciben clases porque un grupo pequeño de colegiales alega disconformidades con la directora Alejandra Araya, quien confirmó que el centro educativo está secuestrado por varios profesores que no quieren ser supervisados, ni que se les establezca ningún tipo de límites como funcionarios públicos.
DIARIO EXTRA visitó el CTP y encontró un pequeño grupo de estudiantes, entre los que se destacó un alumno de quinto año, quien informó que la única solución que aceptarían sería la destitución de Araya.
La directora tiene 27 años de laborar como educadora e ingresó a ese colegio en marzo de 2016, después de que el director Armando Quesada fue trasladado por sexta vez.
“Tomé este proyecto como un gran reto. Me encontré un desastre. Al finalizar el año le entregué un diagnóstico sobre lo que observé: un personal viciado, faltaban cuando les daba la gana y hasta encontré negociaciones de notas entre profesores y estudiantes. Empecé a aplicar lo que corresponde y esto es el resultado de esa intervención”, aseguró Araya, quien dijo ser víctima de bullying de varios profesores que se sienten cómodos porque tienen propiedad.
Ningún profesor quiso referirse al movimiento encabezado por los estudiantes y según Ricardo Molina, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), en la protesta no están involucrados los docentes, quienes se mantienen al margen de la situación, esperando que el Ministerio de Educación Pública intervenga.
“Hemos venido de la APSE con asesoría legal y los docentes hasta donde hemos visto se han mantenido al margen, simplemente cuidando a los estudiantes porque esta calle es peligrosísima y están aquí desde el martes bajo el sol, sin servicio sanitario, ni comida, tienen que ir a sodas a comer. Ha sido una desatención muy grande”, declaró.
De acuerdo con la información del Ministerio de Educación Pública (MEP), la supervisora Elizabet Elizondo es la encargada de conversar con los estudiantes y padres de familia, con el fin de llegar a un acuerdo, sin embargo al cierre de edición no se conoció si hubo entendimiento entre las partes.
“Esta es la sexta vez que cierran este colegio. Hemos hecho un trabajo profesional y riguroso para garantizar que los estudiantes cuando salgan tengan una opción laboral, Por eso hicimos algunas regulaciones en secretariado y otras especialidades que ya no tienen tanto mercado, pero ha sido tomado por algunos como una excusa para pedir mi traslado. Pero el tiempo me dará la razón, en ese colegio hay un grupo que no quiere ser supervisado”, denunció Araya.
De acuerdo con la directora, la castigan por poner orden en el CTP, que según la auditoría 55-16 del 2016 del MEP presenta una administración al margen del marco normativo.
Por ejemplo, se le pagaron casi ¢3 millones a un taxista pirata por trasladar a un miembro de la junta administrativa a diversos lugares y los comprobantes de pago los llenaba el propio conductor, sin estar autorizado ningún otro miembro de la junta. Precisamente por esas irregularidades se pidió su destitución el mes pasado, sin embargo hace una semana lo reinstalaron.
Para Araya esa situación revela la necesidad de que el MEP intervenga la institución porque no habrá director que logre poner orden en un centro educativo que atraviesa un caos promovido por un grupo al que le interesa mantenerlo.
PERIODISTA: Auxiliadora Zuñiga
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
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Miércoles 25 Octubre, 2017
HORA: 12:00 AM
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