El tema de las pensiones de lujo continúa candente en algunas de las instancias judiciales, tal como sucede en la Sala Constitucional, donde un grupo de ciudadanos busca que se eliminen.
Durante agosto la Asociación Pro Pensiones Justas y Solidarias (Penjusol) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta para que las pensiones de lujo desaparezcan.
Sin embargo aún no ha sido acogida por la Sala IV, motivo por el cual en Penjusol decidieron entregar una nueva carta, solicitando a los magistrados que la acepten lo más pronto posible.
Así lo explicó Carlos Alberto Loría, quien entregó el documento que se adjuntará al expediente original presentado por Luis Carlos Ramírez y asegura debe ser resuelto pronto.
“La Sala no ha admitido aún el recurso (...) es por eso que presentamos el documento esta mañana para pedir que se apuren. La situación de la Caja es muy delicada y necesitamos que todas estas pensiones de lujo se deroguen”, expresó.
La acción se presentó contra la Ley del Régimen de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, Ley de Pensiones del Magisterio Nacional, Ley de Pensiones de Hacienda y artículos 224 a 235 inclusive de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
De aprobarse sus planteamientos, se otorgaría un plazo de 6 meses para que quienes pertenecen actualmente a estos regímenes de pensiones de lujo sean trasladados de oficio al del IVM. Con lo anterior se les impondría el mismo tope máximo que tiene ese sistema, que es ¢1,5 millones, y el dinero adicional sobre ese tope sea considerado una contribución solidaria.
Penjusol pretende terminar con las pensiones de lujo, las cuales son pagadas del presupuesto nacional. Propone eliminar dicho régimen y crear un sistema único y solidario, en el cual se beneficie por igual a todos los trabajadores.
El planteamiento surgió ante los problemas de liquidez que afronta el Gobierno de la República, luego del anuncio hecho por el mandatario Luis Guillermo Solís en una cadena nacional el 1 de agosto.
Para Penjusol las pensiones de lujo se han convertido en uno de los principales causantes del desequilibrio financiero que afronta el gobierno, pues asegura que el Estado ha pagado entre $500 millones y $750 millones solo a un pequeño grupo.
PERIODISTA: César Madrigal
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Sábado 28 Octubre, 2017
HORA: 12:00 AM
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