Los conductores de Uber dieron un ultimátum al Gobierno de la República: de no permitirles una reunión o resolverles sus exigencias en menos de ocho días, comenzarán marchas por las calles del país. La advertencia se efectuó minutos después de entregar un pliego de peticiones en Casa Presidencial, en donde exigieron hablar con el presidente Luis Guillermo Solís, tras no ser recibidos durante la marcha del miércoles. Así lo expresó Eduardo Delgado, representante del Grupo de Colaboradores, quien recalcó que necesitan una respuesta lo más pronto posible, ante los operativos de la Dirección General de la Policía de Tránsito que consideran un acoso. “Ocho días son suficientes para que nos den una respuesta. De no ser así, comenzaremos con medidas distintas y, lamentablemente, vamos a tener que salir a la calle, pero nos tienen que escuchar”, dijo. “Con lo que sucedió en Alajuela, más otras situaciones que están sucediendo, ya es demasiado. En una semana, calculo que tenemos que tener una respuesta y, si no es de esa manera, siento que ya todos debemos hacer una presión más fuerte”, agregó. Delgado fue enfático en sus declaraciones al momento de entregar el documento al representante de Presidencia que le atendió y le solicitó a la vez que les diera un plazo de tiempo en el que los convocaría para negociar. Insistió en que los operativos que llevan a cabo las autoridades se han convertido en una persecución y que no afectan únicamente a los trabajadores de las plataformas tecnológicas, sino también a ciudadanos con carros modernos. De acuerdo con los conductores, ya han llegado al punto de que no pueden ni tan siquiera viajar con sus familiares en el mismo vehículo, pues temen ser detenidos y multados por las autoridades. “Señores, es demasiado. Calculo que una semana es el tiempo prudencial para que ellos por lo menos nos digan: ‘vengan a ver qué podemos solucionarles o qué podemos hacer’. Ya han tenido demasiado tiempo”, finalizó Delgado. VICEMINISTRA NO LOS QUIERE NI VER Tras la marcha que efectuaron estos conductores el miércoles, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) aseveraron que no darán el brazo a torcer ante las exigencias. Lo anterior debido a que Liza Castillo, viceministra de Transportes y Seguridad Vial, reiteró que no atenderá las solicitudes o planteamientos de quienes han venido brindando servicio de transporte privado de personas sin autorización del MOPT. Según el comunicado que envió dicho Ministerio, estos operadores han realizado protestas en las calles y pretenden que la Administración les atienda para validar una condición operativa que está al margen de la ley. Por tanto, Castillo, reiteró que ni las autoridades del MOPT ni del Consejo de Transporte Público (CTP) pueden atender tales solicitudes, en razón de que de estas personas brindan un servicio de transporte público sin tener autorización por parte del Estado y sin cumplir con los requisitos establecidos. La Viceministra subrayó que la Administración ha trabajado junto a los operadores de distintas modalidades de transporte público, para buscar una mejora en la calidad del servicio. El tema ha ido calentando durante los últimos meses, en especial luego de que, a principio de año, se dieran resoluciones importantes en cuanto a la normativa que rige el transporte público en el país. Con un fallo de la Sala Constitucional, se dejó claro que las operaciones de Uber deben ser sancionadas por las autoridades nacionales, lo que por más de un año no se pudo llevar a cabo. Mientras el recurso que los diputados libertarios presentaron estuvo en análisis, las autoridades podían multar a los choferes de Uber, sin embargo, la infracción no podía hacerse efectiva por el proceso legal que había. La acción fue presentada por Natalia Díaz y Otto Guevara el 18 de febrero del año anterior, e iba en contra del servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad taxi. En sí, la acción pretendía reformar la ley para el Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi), pues indicaban que la ley 8955 estableció que el estado es el titular exclusivo del transporte de personas y prohibió el porteo. Por lo que se dejó como única opción la explotación del servicio con “títulos” otorgados por ley, sin embargo, para Guevara y Díaz, el Estado no debería tener control sobre las actividades privadas. Si se hubiera fallado a favor de la acción, la ley de Seetaxi habría sido eliminada, por lo que las operaciones de Uber se volverían legales en el territorio nacional y no se verían expuestos a multas ni ilegalidad. Actualmente, las sanciones van desde el decomiso del vehículo hasta multas de más de casi ¢8 millones. Estos son solo algunos de los muchos riesgos que hoy tienen a los colaboradores de Uber intranquilos y con mucho sobre qué reflexionar.
PERIODISTA: César Madrigal
EMAIL: [email protected]
Viernes 24 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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