El actual gobierno o el que asuma dentro de cuatro meses deberá reconocer, aunque no lo quiera, el derecho al matrimonio sin discriminación de las parejas homosexuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó este martes al Estado costarricense garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes en la legislación nacional, incluido el matrimonio.
“(…) Es necesario que los Estados garanticen el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, incluyendo el derecho al matrimonio, para asegurar la protección de todos los derechos de las familias conformadas por parejas del mismo sexo, sin discriminación con respecto a las que están constituidas con parejas heterosexuales”, cita la opinión de la CIDH.
Pero no solo eso, mientras se emprenden todas las reformas legales necesarias para esto, el país deberá igualmente garantizar a estas personas estos derechos de manera transitoria.
“(…) Para ello, podría ser necesario que los Estados modifiquen las figuras existentes a través de medidas legislativas, judiciales o administrativas para ampliarlas a las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Los Estados que tuviesen dificultades institucionales para adecuar las figuras existentes, transitoriamente, y en tanto de buena fe impulsen esas reformas, tienen la misma manera el deber de garantizar a las parejas del mismo sexo, igualdad y paridad de derechos respecto a las de distinto sexo, sin discriminación alguna”, añadió la CIDH.
Al legalizarse el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, estas personas tendrán los mismos derechos a las parejas heterosexuales, como lo es el reclamo de herencias, aseguramiento, visitas conyugales a hospitales y centros penitenciarios, así como acceso a créditos.
Un tema en el que el gobierno se mostró cauto y prefirió analizar con más detenimiento es la posibilidad de adopción de las parejas gais.
Vale señalar que el señalamiento de la CIDH es de acatamiento obligatorio para Costa Rica, debido a que es uno de los 24 países que ratificaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969, y que reconocen la potestad de la Corte. Es decir, este pronunciamiento no se puede apelar ni siquiera mediante un recurso ante la Sala Constitucional ni podrá traérselo abajo ningún gobierno posterior al de Solís.
Previo a esta opinión de la CIDH, el presidente Luis Guillermo Solís se enfrascaba en que su administración solo apoyaría el plan de Sociedades de Convivencia y no el matrimonio de las parejas del mismo sexo.
Ahora, según dijo la vicepresidenta Ana Helena Chacón, el gobierno será respetuoso de la opinión de la CIDH. Al ser consultada por DIARIO EXTRA acerca de que si esto significará un cambio en el discurso y el planteamiento del gobierno de Solís, la funcionaria prefirió, como en otras ocasiones, patear la bola. “Eso (lo del matrimonio) será camino para visualizar con el tiempo”.
Chacón dijo que conversó con el presidente Solís sobre el pronunciamiento de la CIDH y el mandatario le dijo que en los últimos cuatro meses de su gestión el gobierno apoyará “el aseguramiento de los derechos” de las parejas del mismo sexo porque no habrá tiempo de reglamentar el matrimonio.
El pronunciamiento de la CIDH se da luego de que en mayo de 2016 el gobierno le consultara sobre los derechos de las personas de la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales). El resultado de la consulta no solo es de acatamiento obligatorio para todos los países que integran el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
DERECHO A CAMBIO DE NOMBRE
El pronunciamiento de la CIDH no solo fue acerca del matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Los seis jueces que integran este tribunal señalaron además que Costa Rica y el resto de países están en la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para que las personas puedan cambiar su nombre y adecuar los registros públicos para que estos sean de conformidad a la identidad de género autopercibida por el solicitante.
Para esto las instituciones no podrán poner muchos peros, las personas que quieran cambiar su nombre solo deberán presentar un consentimiento libre e informado, sin necesidad de certificaciones médicas o psicológicas “que puedan resultar irrazonables”.
La CIDH obliga además al país que este procedimiento sea “confidencial, expedito y gratuito”.
CAMINO LARGO Y ENREDADO
La opinión de la CIDH dejó a todo el Estado costarricense viendo para el techo. A partir de ahora el gobierno deberá analizar el señalamiento de los jueces y determinar cada uno de sus alcances, para de este modo preparar las leyes, reglamentos, decretos y directrices para acatar las órdenes dadas.
Cada uno de los poderes de la República deberá revisar cuales órdenes son de su resorte y adoptarlas.
Marvin Carvajal, director jurídico de la Presidencia, reconoció que el pronunciamiento de la CIDH es complejo y deberá ser analizado cuidadosamente.
En algunos escenarios, por ejemplo, no se sabe qué pasará si en las próximas semanas parejas del mismo sexo empiezan a llegar a los juzgados a legalizar sus uniones. “Cada caso concreto deberá ser analizado, algunos serán casos de juzgados de familia, otros serán de ámbitos como civil, laboral y constitucional y cada uno tiene su sede”.
La vicepresidenta Chacón añadió que la Presidencia será quien conduzca el proceso mediante el cual el resto de poderes e instituciones elaboren la jurisdicción para acatar la opinión de la CIDH.
OPINIONES
Representantes de las organizaciones que apoyan la diversidad sexual llegaron a Presidencia a informarse y celebrar la decisión de la CIDH.
Marco Castillo
Movimiento Diversidad
“No podemos estar más felices. Esto es muy importante, sobre todo porque es de acatamiento obligatorio. Esperamos el pleno respeto de todos los poderes de la República”.
Alice Castillo
Presidenta Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos de la Diversidad Sexual
“Celebramos que nuestros hijos, sobrinos, nietos y amigos no serán ciudadanos de segunda categoría. Tendrán los mismos derechos que cualquier otro costarricense y ser humano”.
Nisa Sanz
Presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales
“Es una gran victoria, nuestras familias llevan años buscando su lugar en la sociedad, en la ley. Nuestros hijos crecen al margen de la ley y ya esto se encamina a un cambio. Estamos celebrando con lágrimas en los ojos”.
Natasha Jiménez
Activista trans
“Es un avance en materia de derechos humanos. Esperamos ahora el pleno respeto de la sociedad y de todas las instituciones del Estado a esta opinión de la CIDH”.
Giovanni Delgado
Abogado activista
“Era el paso firme que necesitábamos. Llevamos desde el 2006 tratando de que lleguen al plenario algunos de los proyectos que están en corriente legislativa. Sabemos prácticamente que en el Poder Legislativo no se va a resolver esto, sino en la Sala Constitucional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Miércoles 10 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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