Un grupo de aproximadamente 100 taxistas se apersonó ayer en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República para presentar una acusación en contra de Helio Fallas, jerarca del Ministerio de Hacienda.
El motivo de esta acción consiste en que los taxistas aseguran que el Gobierno de la República sirve de cómplice para la empresa de transporte Uber, pues no intenta investigar sus cuentas bancarias.
Así lo informó el representante del Foro Nacional de Taxistas, y a su vez candidato a diputado por el Partido de los Transportistas, Gilberth Ureña, quien presentó la denuncia ante las autoridades.
“El Ministerio de Hacienda sigue permitiendo estos cobros con dinero plástico a rumbos desconocidos y no han hecho nada al respecto, lo que nos lleva a pensar que hay una complicidad de dicho Ministerio”, aseveró.
“Además ingresan dineros a las cuentas de los operadores, tampoco están siendo reportados a Hacienda, pues no están haciendo por dónde hacer el cobro de los impuestos adecuados”, continuó.
De acuerdo con Ureña, la solicitud va dirigida a Emilia Navas, fiscala general de la República, para que esta haga las indagaciones del caso contra el Ministerio y contra el ministro Fallas.
Según comentó, la salida de remesas que efectúa Uber ha dejado al Gobierno sin miles de millones de colones en sus arcas, contribuyendo al problema fiscal que tiene el país actualmente.
COMEX Y VICEPRESIDENCIA
EN LA MIRA
Los taxistas también presentaron otra denuncia en contra de la vicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, y el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex), Alexander Mora.
Lo anterior por haber creado el decreto ejecutivo que permite a Uber llevar a cabo las operaciones de su centro de servicio con los beneficios que este privilegio representa, cuando a fin de cuentas se trata de una actividad ilegal.
Uber opera en el país desde el 21 de agosto de 2015 y, aunque se ha dado la detención y decomiso de algunos de sus vehículos, estos siguen operando, lo cual, aseguran los taxistas, afecta sus ingresos, disminuyéndolos hasta en 60%.
A raíz de su llegada y la lucha entre las partes, se produjeron agresiones físicas contra ciudadanos y daños a la propiedad privada en ambos bandos, aparte del arresto de choferes de taxi durante marchas y protestas.
Este asunto no pinta muy bien para los conductores de la empresa extranjera, pues desde hace algunos meses se intensificaron los operativos contra el transporte ilegal de personas en modalidad taxi.
Tras la declaratoria de la Sala IV en febrero del año anterior, cuando se determinó a Uber como ilegal, se dio luz verde a sanciones por parte de la Dirección General de la Policía de Tránsito y de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para detener esta actividad.
Estas sanciones van desde el decomiso del vehículo hasta multas de casi ¢8 millones, entre otras que hoy tienen a los de Uber intranquilos y con mucho sobre qué reflexionar.
PERIODISTA: César Madrigal
CRÉDITOS: Fotos: Jesús Ramírez
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Miércoles 24 Enero, 2018
HORA: 12:00 AM
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