Cámara insiste que bloqueo de señal celular en cárceles debe ser ejecutado por autoridades

• En mayo se votó en primer debate
• Obliga a operadores telefónicos a realizar bloqueo

Estos fueron los celulares decomisados el 22 de marzo anterior en una cárcel. (Imagen cortesía de Justicia y Paz)

El bloqueo de las señales celulares en las cárceles sigue generando debate en el país. El 24 de mayo pasado, con 50 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley.

Es una reforma a Ley General de Telecomunicaciones, que obligará a las operadoras telefónicas y a proveedores de servicios de telecomunicaciones a realizar el bloqueo. Posteriormente entró por segunda vez a la corriente en el Plenario, donde actualmente se mantiene.

La Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) ya se había opuesto a la iniciativa. Ahora proponen un “trabajo conjunto contra llamadas indebidas desde cárceles”, pero realizando acciones de inmediato. El grupo aseguró que quiere colaborar para “combatir el flagelo de llamadas desde los centros penitenciarios, aún sin la aprobación de un proyecto de ley”.

En un comunicado de prensa Infocom defendió que los operadores móviles tienen un “ánimo de colaboración inmediata“.

“Estas acciones inmediatas atacarán desde ya el problema mientras se incorporan las mejores prácticas internacionales en el proyecto que pretende bloquear la señal celular en los centros penitenciarios”, destacó la organización.

“Los operadores reiteran su anuencia a colaborar en la reducción de esta problemática nacional que está golpeando a los costarricenses, que es la inseguridad ciudadana, y especialmente aquella que se deriva de llamadas con fines de estafa, extorsión y crimen organizado, desde los centros de reclusión del país”, dijo la directora Ejecutiva de Infocom Ana Lucía Ramírez.

Cuando se le consultó en el Congreso, Infocom cuestionó “vacíos legales y dudas técnicas” en el proyecto de ley. También Superintendencia de Telecomunicaciones y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) señalaron la necesidad de no afectar a personas y comercios que están en los alrededores de los centros penales.

En su respuesta al Congreso, la Sutel recomendó considerar las obligaciones de los entes involucrados, incluido el Ministerio de Justicia y Paz para lograr el “balance entre las medidas de inhibición de comunicaciones en los centros penitenciarios y los derechos de los usuarios finales de las zonas aledañas”.

“Considerar la eficiencia en el desarrollo de los sistemas inhibidores, tanto en lo relativo a la generación de interferencias como al incremento de costos, por lo que resulta conveniente centralizar la operación de los sistemas inhibidores en una única entidad bajo la fiscalización del Ministerio de Justicia y Paz”, señaló la Superintendencia.

El ICE compartió la posición y señaló que la obligación no es solo de los operadores y que debía lograrse una solución integral que no afectara a los usuarios.

Debido a lo anterior es necesario velar por la existencia de un balance entre las medidas de inhibición de comunicaciones en los centros penitenciarios y los derechos de los usuarios, por lo que además de evitar las comunicaciones a lo interno de las cárceles, se recomienda disponer que estos sistemas no afecten los citados derechos de los usuarios de las zonas aledañas.

Infocom reiteró que el proyecto de ley 19.932 no genera una solución centralizada que sea gestionada por el Estado. indicó que en otros países el Estado realiza una contratación y controla la necesidad, por medio de las autoridades respectivas.

“Autoridades competentes quienes gestionen – a través de empresas especializadas – una solución que abarque todas las posibles comunicaciones y no solo las derivadas de las concesiones móviles, cual es el enfoque equivocado de este proyecto”, aseguró el grupo.

Por eso pide realizar un taller con expertos internacionales y autoridades. “No es razonable situar a los operadores en una situación contradictoria, donde por el lado de la concesión se les exige cobertura, mientras que este proyecto les obliga a que no haya cobertura. En ambos casos se exponen a grandes multas”, concluyó su Directora.

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