Los sindicatos dieron respuesta a la carta DP-P-031-2018 enviada por Carlos Alvarado, presidente de la República, y condicionaron la intención de apertura a la mesa de diálogo previo a la huelga nacional.
En el documento enviado el 30 de agosto a los líderes sindicales, el mandatario indicaba que el espacio para el planteamiento de los temas de preocupación y la vía de negociación no pueden darse por agotadas prematuramente, cuando está de por medio el bien común.
Incluso, los invitaba a reunirse a partir del 31 de agosto y antes del 7 de setiembre con Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, y Steven Núñez, titular de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
En el documento de respuesta por parte de los gremios, se reitera la rotunda oposición al proyecto 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, además dejaron claro que ratificaron la huelga nacional para el próximo 10 de setiembre.
Sumado a lo anterior, los líderes aclararon que, para conversar con la denominada Unión Sindical Nacional, debe presentarse Alvarado junto con Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, y Edna Camacho, coordinadora del Equipo Económico del Gobierno, sin dejar de lado a los jefes de fracción de las distintas bancadas legislativas.
“Le decimos al gobierno que queremos un diálogo respetuoso y con las personas adecuadas, lamentablemente en otros momentos que fueron detonante de esta huelga, hemos sentido que las reuniones fueron para ir pateando la bola hacia adelante”, comentó Rafael Mora, asesor político de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Lamentó que se reunieron con personas que no toman decisiones económicas en el Poder Ejecutivo, ni en los niveles de injerencia política del país tales como Aguilar y Camacho.
“Estamos cansados de hablar con segundas divisiones, que nos mande a alguien de alto nivel que no tenga poder de decisión; no condicionamos, solo estamos diciendo que queremos un diálogo franco y sincero con las personas que tienen que ser”, añadió Mora.
Piza indicó en Casa Presidencial que el objetivo del gobierno es imponerle una tasa reducida a los productos de la canasta básica que no supere el 2% del futuro impuesto al valor agregado (IVA).
“Nosotros seguimos abiertos al diálogo siempre y cuando en el marco del respeto del proceso legislativo del expediente 20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La aprobación de esa iniciativa es indispensable para evitar que este país caiga en una crisis, en esa dirección tendremos la apertura y la voluntad de dialogar para sacar un proyecto de ley que tiene muchos años en la Asamblea Legislativa”, dijo ministro de la Presidencia.
Ante estas declaraciones, Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), expresó que el gobierno no tiene coherencia en su discurso hacia los costarricenses con el fin de buscar una solución que golpee menos los bolsillos de los ticos.
En caso de la canasta básica, el sindicalista destaca que no les han dicho cómo harán para no golpear a los sectores de economía más vulnerable, la clase pobre del país.
“El gobierno todavía no nos ha dicho cómo hará para captar el 3% o 4% restantes para tener una económica estable, solo mencionan el proyecto 20.580 que capta 1,4% del PIB, pero lo demás de dónde lo van a sacar, seguro de impuestos indirectos”, cuestionó Hernández.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Martes 04 Septiembre, 2018
HORA: 12:00 AM
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