Previo a manifestación, taxistas acusan “traición” y advierten a diputados

(CRHoy.com).- Los líderes de los taxistas formales acusaron a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa de incumplir con el trámite del proyecto de ley que regularía las aplicaciones móviles dedicadas a gestionar el transporte privado de pasajeros (como el caso de Uber).

Se trata de la cuestionada propuesta que fue planteada desde enero por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y que ha sido sometida a consultas de distintos sectores en el seno de ese foro legislativo.

Los dirigentes del sector denunciaron que los legisladores de la comisión mantienen en el proyecto en la posición 32 y eso mantiene lejanas las expectativas de una pronta aprobación. Según ellos, existía un compromiso de los diputados por agilizar el trámite.

Estos señalamientos llegaron en horas previas a la manifestación convocada para este martes, con la cual procuran recorrer el Paseo Colón y la Avenida Segunda hasta la Asamblea Legislativa.

“Es una burla lo que sentimos de parte de los diputados. En 2 ocasiones fuimos a hablar con el directorio de la Asamblea Legislativa donde se comprometieron y no cumplieron. Se siguen burlando de nosotros”, indicaron los dirigentes, mediante un video en el que destacaron los líderes Rubén Vargas, de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) y Gilbert Ureña, del Foro Nacional de Taxistas.

Consultado al respecto, Ureña dijo a CRHoy.com que no descartan medidas más drásticas si este martes no reciben una respuesta positiva desde la Asamblea Legislativa.

“Sentimos una plena y entera traición de la Comisión de Asuntos Económicos. En el entendido de que esta comisión fue la que pidió traer los proyectos de los exdiputados Otto Guevara y Franklin Corella para discutirlos. Y, fue esta misma comisión la que pidió al ministro de Transportes (Rodolfo Méndez Mata) desde noviembre que presentara un proyecto que finalmente se planteó en enero. Pero, 8 meses después, no ha avanzado absolutamente en nada”, detalló Ureña.

Según sus palabras, la indignación persiste entre los taxistas y ellos, como dirigentes, han pedido calma para evitar otras acciones de protesta. “En la dirigencia les hemos pedido espacio para que este martes 23 de abril se pueda poner el proyecto en primer lugar y entrar a discusión”, recalcó.

La manifestación de este martes está convocada para las 9:00 a.m. Más allá de acercarse a las inmediaciones de la Asamblea Legislativa, los transportistas no descartan acudir a Casa Presidencial en busca de alguna respuesta.

Se espera que taxistas de zonas alejadas a la Gran Área Metropolitana (GAM) se unan al movimiento.

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En junio, los taxistas acudieron a la Asamblea Legislativa para exponer ante los diputados 8 puntos con relación a su posición ante el proyecto de ley:

1. Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha (serían 4.500 carros de Uber).
2. Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concetración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.
3. Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.
4. Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.
5. Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán “tercerear” el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.
6. Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.
7. Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.
8. Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo. De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.

Datos brindados por Uber en 2018 dan cuenta de que existían 22 mil conductores que brindaban sus servicios a través de la aplicación.

La empresa opera en el paso desde el 21 de agosto de 2015, entre cuestionamientos sobre su legalidad.