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(CRHoy.com) El proyecto sobre huelgas debe aprobarse para rescatar al país del secuestro y recuperar la seguridad jurídica, ese es el mensaje que manda la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) sobre la posibilidad de reformar las manifestaciones.
“A Costa Rica hay que liberarla de la amenaza constante y el secuestro de los huelguistas que impiden a los niños y jóvenes educarse y alimentarse en los comedores escolares, a nuestro pueblo tratar y curar su salud, a nuestros ciudadanos hacer sus trámites, abastecerse de combustible, y a nuestras empresas producir más y generar empleo”, manifestó Enrique Egloff, presidente de la CICR.
Para el jerarca, la manifestación nacional de agosto de 2018 de evidenció el limbo jurídico y los portillos de la Reforma Procesal Laboral para la interpretación en situaciones de huelgas que causan gran perjuicio y pérdidas para los costarricenses y al sector productivo.
La Cámara de Industrias de Costa Rica señaló cinco puntos positivos del Proyecto de Ley y que apoya vehementemente:
1. El rebajo de los salarios de los huelguistas ilegales desde el día que se solicita la declaratoria de ilegalidad por parte del patrono. Es inaudito que a quienes participan de una huelga ilegal, no se les rebaje el salario.
2. Se elimina la necesidad de notificar directamente al secretario general o representante del movimiento de huelga. Bastará con notificar al correo electrónico de la agrupación, que debe estar inscrito ante el Ministerio de Trabajo.
3. El juez tendrá 24 horas a partir de la solicitud de ilegalidad para convocar a las partes en un plazo de 72 horas. Cuando no hay prueba que presentar o no se prueba el porcentaje de apoyo requerido, se dictará sentencia en un plazo no mayor a 48 horas. Si no se cumplen los plazos, se puede interponer la queja ante la Corte Suprema de Justicia o ante la Inspección Judicial para que se tomen las medidas del caso.
4. Se prohíben las huelgas en servicios esenciales en el sector público y se establece que las mismas no requieren de calificación previa por medio de un juez laboral.
5. No se permitirán movimientos huelguísticos de tipo político.
