(VIDEO) Taxistas ya no protestarán contra Uber, pero no cambiarán rechazo a proyecto de ley

• Transportistas rechazan proyecto que se trabaja en la Asamblea

(CRHoy.com). El giro en la estrategia de los taxistas para luchar contra la operación de las plataformas tecnológicas de transportes no cambiará en un aspecto: los taxistas no acuerparán la propuesta de regulación que se discute actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa.

El miércoles 29 de enero, la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC) y el abogado Enrique Rojas Franco anunciaron una serie de “demandas personales” contra el presidente de la República y funcionarios que –desde su perspectiva- no cumplieron con las obligaciones debidas para frenar la operación de empresas como Uber o DiDi dentro del territorio nacional.

Además de las quejas, los taxistas –en voz de Vargas- reconocieron que las protestas y los movimientos en carreteras -hechos en los últimos años- no surtieron efecto alguno y por ello desistirían de nuevas manifestaciones.

Más allá de estas variantes estratégicas en la lucha por sacar a las plataformas, el dirigente reafirmó su rechazo a la propuesta de ley que está en el seno del foro legislativo y que se perfila como la principal apuesta para construir la legislación que regulará las aplicaciones.

“Es un proyecto que está llevando don Roberto Thompson (diputado del Partido Liberación) en la Comisión de Asuntos Económicos. Ya hicimos nuestra oposición por escrito. Tal y como está, ese proyecto es la ruina y la muerte del gremio de los taxistas”, detalló Vargas, secretario general de la UTC.

El panorama para que la ley sobre este tema se concrete no es claro. Incluso, el Poder Ejecutivo –pese a un interés en regular el tema- no tiene certeza de cuál será el futuro de la propuesta que está en la corriente legislativa.

Por ejemplo, Víctor Morales, ministro de la Presidencia, confirmó que en marzo podrían incluir el proyecto en la agenda de las sesiones extraordinarias, pero al mismo tiempo reconoció que faltaba “más diálogo” con los diferentes sectores para lograr un consenso.

“Es un proyecto de ley que pretende crear una nueva figura de transporte privado, una figura de transporte sin número de dueños de vehículos, una nueva forma de transporte que no tiene tarifa o vehículos identificados, que irrespeta las bases de operación y que no tienen licencia profesional. Eso viene a destruir totalmente el transporte regulado que en la actualidad tenemos”, detalló el dirigente.

Más voces

Gilbert Ureña, miembro del Foro Nacional de Taxistas e identificado como otro de los dirigentes del sector, aseguró que el diálogo con los actores políticos “está abierto” y esperan retomar el tema tras las elecciones municipales.

Por otra parte, para Uber es fundamental que en este año se concrete una regulación que les dé certeza jurídica para mantener las operaciones en el territorio nacional.

Mediante una carta abierta publicada el 9 de enero pasado, Uber pidió a los diputados y al Poder Ejecutivo agilizar el trámite del proyecto de regulación presentado en setiembre pasado.

“Desde Uber, vemos con optimismo el proceso de diálogo alrededor del proyecto de ley No. 21587 que se encuentra actualmente en la Comisión de Económicos. Esta iniciativa fue presentada por señoras y señores diputados de múltiples partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, buscando alcanzar un balance luego de un amplio proceso de conversación y debate en el que se han recibido los criterios técnicos de entidades de gobierno y de todas las partes interesadas desde hace más de un año“, indicó Carolina Coto, gerente de comunicación de Uber para Centroamérica.

Según datos brindados por el Consejo de Transporte Público (CTP), en el país hay más de 12 mil placas de taxis, mientras la compañía Uber reportó más de 28 mil socios registrados y una clientela de casi 1 millón de usuarios.

En tanto, Enrique Rojas Franco, asesor de la UTC, explicó que los taxistas deben zanjar las diferencias internas y unificarse en un solo grupo en procura de “acabar” con el vacío legal que ha sustentado el funcionamiento de Uber desde agosto de 2015.

“La meta es que todos los 11 mil taxistas firmen el apoyo a la actividad que está liderando Rubén (Vargas, líder de la UTC). No es por obtener dinero, es una vía para que se acabe la actividad ilícita y contraria a derecho (…) Las protestas, los cierres de camino, los juicios contenciosos… todo eso no ha funcionado. Bueno, esta es una forma”, citó Rojas, quien explicó que los demandados se expondrían a embargos sobre bienes y propiedades registradas a su nombre.