En 2014 empezó a ingresar una serie de denuncias al Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el proceso de inscripción y circulación de autobuses con alteraciones de señas y marcas.
Al menos 7 denuncias se presentaron entre 2014 y 2017, sin que a la fecha haya alguna respuesta favorable en relación con estas.
Renier Canales, presidente de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos, interpuso una denuncia por el presunto delito en el atraso en la investigación por la inscripción y circulación de autobuses con alteraciones de señas y marcas.
Canales presentó la queja el 19 de mayo ante la Fiscalía General de la República.
Los expedientes que el representante cita corresponden a los números 14-013858-0042-PE, 15-001362-02-PE, 15-001362-062-PE, 15-001117-02-PE, 16-127375-042-PE, 17-000672042-PE y 17-001513-0042-PE, los cuales fueron atendidos en el departamento de Denuncias en San José.
SEGUIMIENTOS
De acuerdo con la denuncia, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia, uno de los casos se asignó a la Sección Especializada de Tránsito de San José.
El 6 de abril de 2017, según el informe 043-SI-SET-2017 que emitió esa sección, no se encontraron elementos probatorios con el fin de determinar algún tipo de alteración.
El recurrente se presenta ante la sede judicial un mes después con el propósito de manifestar su inconformidad por medio del informe 043-SI-SET-2017, debido a su parecer la Sección de Tránsito se encontraba en un error al manifestar que no existía ninguna alteración.
“La fiscal que tenía el caso procedió a reactivar el expediente y trasladar el caso a la sede judicial de Santa Cruz. Es así que los personeros del OIJ procedieron a la detención de los autobuses y el 29 de noviembre de 2017 los agentes de la Medicatura Forense de San Joaquín de Flores, especialistas en troqueles, procedieron a la revisión exhaustiva de las características, número de motor y troqueles”, resume la denuncia.
De acuerdo con el denunciante, hay un informe que da como resultado la alteración en cinco unidades en Santa Cruz, Guanacaste, el cual se encuentra en el Departamento de Troqueles.
La queja es que detrás de la alteración de marcas existe un riesgo para la integridad de los pasajeros que utilizan esos automotores como medio de transporte.
PETITORIA
El Diario del Pueblo conversó con Canales, quien argumentó que el servicio público en modalidad autobús es operado por concesionarios que deben cumplir una cierta cantidad de medidas en relación con la calidad.
Dijo que las modalidades de autobús deben reunir los requisitos que la ley establece, entre ellos que tengan una vida útil.
Comentó que hay muchas empresas que vienen engañando a las autoridades de gobierno, al Consejo de Transporte Público y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
“En algún momento se dijo que no había nada irregular en la denuncia y posteriormente oficiales del OIJ en Santa Cruz lograron detectar que el troquelado de algunos autobuses está alterado porque son modelos que los trajeron de otros países y son desechos de allá.
Aquí los quieren meter como autobuses aptos para el servicio de transporte remunerado de personas. Estamos preocupados y es urgente que la Fiscalía se ponga detrás de la investigación para hacer valer la ley y salvaguardar la vida de quienes viajan en autobús”, sentenció.
El presidente de la Asociación por los Derechos de los Usuarios de los Servicios Públicos indicó que no es de recibo que constantemente se aumenten los pasajes de buses, engañando al Estado porque muchas de esas unidades no reúnen los requisitos de ley para operar.
La oficina de comunicación del Ministerio Público informó que la denuncia de Canales tocó las puertas de la institución el pasado martes y el caso se encuentra en trámite.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 09 de Junio, 2020
HORA: 12:00 AM
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