La Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus) manifestó que el 90% de empresarios afiliados no podrá hacer frente a la obligación pecuniaria correspondiente al pago del 25% del canon de regulación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Se trata de una suma de ¢339.566 por autobús. Anunciaron que tampoco podrán hacer los tres pagos posteriores establecidos en la resolución de Aresep: RE-1360-RG-2020 del 23 de setiembre del 2020, que en total suman ¢1,3 millones por autobús, lo que representa casi ¢900 millones para las empresas afiladas a Canabus.
Yerling Gómez, directora ejecutiva de la Cámara, explicó que, con el llamado del gobierno a quedarse en casa, la implementación del teletrabajo, la reducción de las jornadas y el cierre de los comercios, provocaron que la demanda del servicio cayera, provocando una disminución del 65% en la mayoría de rutas y hasta un 85% en rutas de zonas rurales, dejando como consecuencia que hoy sea el segundo sector económicamente más afectado.
“Los empresarios desean cumplir con tal obligación, pero no pueden hacerlo, es materialmente imposible pagar si no se han recaudado tales recursos, si pagan canon no podrán pagar planillas de los cientos de colaboradores de la industria, no podrán comprar combustible para continuar brindando el servicio en sus comunidades, no podrán hacer frente al pago de cargas sociales y de aguinaldos este diciembre”, dio Gómez.
Canabus está solicitando a la junta directiva de Aresep una flexibilización de pago del canon de regulación del 2020 acorde con la realidad empresarial y ajustada a los ingresos de cada empresa.
Además, que el ente rector suspenda todo proceso de caducidad o sancionatorio contra las empresas que presenten morosidad en el pago del canon 2020 producto de la disminución de la demanda y se les permita acceder al ajuste ordinario de tarifa nacional.
También piden al Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, interponer sus buenos oficios y lograr un mecanismo que le permita al sector cumplir con sus obligaciones contractuales, pero dentro de la realidad económica y financiera que vive cada empresa.
Asimismo, que de una vez por todas se amplíe el plazo de los contratos de concesión a 15 años y de la vida útil de las unidades por al menos 3 años más.
“La continuidad del servicio, el trabajo de muchos años y el patrimonio de pequeños y medianos empresarios está en manos de las autoridades rectoras; el empresario operará hasta donde las condiciones lo permitan pues estamos comprometidos con los usuarios y evitaremos a toda costa el monopolio del transporte público, pero exigimos del gobierno prestar atención urgente a nuestros requerimientos”, enfatizó Gómez.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Sábado 10 de Octubre, 2020
HORA: 12:00 AM
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