- Lamentan que, al mismo tiempo, algunas bancadas pretendan cargar al pueblo con más impuestos
(CRHoy.com).- Los empresarios agremiados en la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia) condenaron a los diputados que pretenden debilitar la Ley de Empleo Público que se tramita en la Asamblea Legislativa.
Esa Cámara empresarial calificó como “inmoral e improcedente” que mientras algunos legisladores debilitan la reforma del Estado en cuestión, pidan más impuestos para financiar el déficit fiscal del Gobierno Central.
Los industriales productores de alimentos señalaron directamente a los parlamentarios que debilitaron la Ley de Empleo Público al excluir a las universidades públicas de los lineamientos salariales para ahorrar recursos públicos en el pago de beneficios.
“Con el inicio de un proceso de exclusiones de instituciones del Estado de la Ley de Empleo Público, siendo las universidades las entidades que más agravan la situación que se deseaba arreglar, nos encontramos frente al inminente desmantelamiento del espíritu original de la Ley, motivo por el cual, no debemos olvidar ahora de lo poco que el país iba a avanzar en materia de reforma del Estado. No es posible que primero permitieran la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal y ahora lo hagan con las universidades en materia de empleo público”, indicó Maurizio Musmanni, presidente de Cacia.
Desde el 2020 la Cámara envió una nota a los diputados recordándoles que los salarios y beneficios o pluses que reciben los empleados públicos representan la tercera parte del presupuesto anual del Gobierno Central.
Los empresarios denunciaron que, al tiempo que debilitan las reformas al empleo público para ahorrar recursos, los diputados tramitan otras iniciativas que ha planteado el Gobierno para aumentar los impuestos que se cobran a las propiedades, remesas al exterior, rentas y ganancias de capital, cooperativas y consumidores.
La Cámara hizo en noviembre del 2020 una serie de recomendaciones a los diputados en materia de empleo público y transferencias a las universidades estatales, entre las cuales están:
- En el caso de las transferencias a universidades, debe además existir el mecanismo para que dichos
presupuestos se ajusten a indicadores financieros, evaluaciones previas de retorno social, evaluación de desempeño y rendición de cuentas, que aseguren transparencia y adecuado uso de los fondos públicos. - Eliminar cualquier rubro de dedicación exclusiva, con las excepciones tipificadas y debidamente definidas.
- Eliminar el modelo de generación de compensación vía convenciones colectivas.
- Suprimir el salario escolar, en el entendido que este es un salario adicional cargado a los contribuyentes.
- Eliminar el modelo de asignaciones e incentivos que varían entre trabajadores de una misma ocupación.
- Eliminar los ajustes automáticos de ciertos gremios que se encuentran en función de los ajustes a otros sectores laborales.
- Eliminar la potestad de autodeterminación salarial y demás mecanismos de compensación por parte de la propia administración beneficiada, como el caso del Poder Judicial.
- Eliminar los pagos por antigüedad y cargos que se consideren pluses.
