La Cámara de la Construcción envió una nota a los diputados en la que advierte que Costa Rica ya cuenta con un acervo legislativo y constitucional suficiente para garantizar la participación de todos los actores en la toma de decisión, principalmente en el tema ambiental.
En su criterio, la ratificación del instrumento indicado resulta innecesario. Asimismo, la legislación costarricense permite que toda persona acuda a la vía del amparo o a lo contencioso administrativo, para buscar protección y reparación del medio ambiente.
“La ratificación del “Acuerdo de Escazú” permitiría a diferentes actores, sin bases técnicas o científicas, ya sea por oportunismo, intereses económicos o ideológicos, obstaculizar a través de instancias internacionales, el desarrollo del país y el aprovechamiento de los recursos naturales de forma sostenible, afectando la soberanía nacional”, indicaron.
Aunado a lo anterior, los empresarios consideran que la implementación del acuerdo podría incrementar costos, trámites y requisitos para que las empresas operen los recursos naturales que pueden ser explotados de forma sostenible.
Entretanto, la Cámara de la Industria Alimentaria (Cacia) lo considera como una amenaza generadora de consecuencias muy graves para la seguridad jurídica, la razonabilidad técnica, y la proporcionalidad.
“Para los empresarios de la industria alimentaria, el Acuerdo de Escazú se convierte en una avalancha de incertidumbre en uno de los peores momentos de la historia reciente del país, cuyo efecto inmediato serán mayores riesgos, mayores costos y, por tanto, limitaciones para desarrollos generadores de empleos y bienestar social” insistió Mario Montero, vicepresidente Ejecutivo de Cacia.
En un mensaje enviado a los diputados este 21 de abril, la cámara alertó sobre la importancia de revisar con especial cuidado los impactos de dicho instrumento.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Viernes 23 Abril, 2021
HORA: 10:35 AM
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