María Cecilia Rodríguez Bustos, comerciante que fue desalojada de su tramo en el centro de San José, denunció un supuesto abuso de autoridad por parte de los personeros de la Municipalidad capitalina.
DIARIO EXTRA publicó el pasado 2 de julio que a Rodríguez Bustos le desarmaron el establecimiento ubicado en Avenida Central, entre las calles 0 y 1, con el que llevaba el sustento a su casa desde 1996.
La comerciante relató que cuenta con patente municipal desde 1981 y fue 15 años después de adquirir dicha patente que se afincó en el lugar donde se mantenía hasta el 1º de julio.
El caso se maneja bajo el expediente 21-015336-0042-PE y se narra que a las 6:30 p.m. de ese 1º de julio llegó Geovanny Paniagua, jefe del Departamento de Dirección de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.
Denunció que no se le dio ninguna orden de desalojo ni mucho menos, que el tramo se le desarmó con un vehículo similar a un backhoe, pero de menor tamaño.
“Sin estar presente ningún juez, él dio la orden de que mi tramo fuera destruido, me dijo que me llevara mi mercadería, pero como tengo interpuesto en fecha 30 de junio un recurso de amparo contra la Municipalidad me dispuse a mostrárselo. Pero sin darme la oportunidad, los policías comenzaron a quitarme la mercadería tirándola dentro de un pick-up, luego, con la maquinaria destruyeron desde la base del tramo”, señaló Rodríguez.
La comerciante interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo que a la fecha no se ha resuelto.
MUNI RESPONDE
Desde la Municipalidad de San José justificaron la medida al señalar que el sitio donde se encontraba la comerciante se ubica en un sitio de patrimonio arquitectónico.
También relataron que el paso del tramo incumplía con la Ley 7600, la cual establece que debe tener una medida de 1,20 metros entre la pared del inmueble y el sitio donde se localiza el chinamo.
La Policía Municipal de San José no realizará comentarios en relación con la denuncia de supuesto abuso de autoridad debido a que se encuentra en instancias judiciales y ahí se deberá resolver.
“Está primero en una vía junto a un edificio patrimonio arquitectónico nacional, porque no debería existir en ese sitio. Y, más importante aún, es que la distancia que existe entre el edificio y el módulo de ventas contraviene la Ley 7600 y el Reglamento a la Ley 6587, que es de ventas estacionarias, que deben tener una distancia mínima de 1,20 metros, y que la distancia existente son 80 centímetros”, señaló Paniagua.
El funcionario municipal indicó que con la colocación de productos se reduce mucho el espacio de la acera, por lo que viene a contravenir la libertad de tránsito.
Indicaron que se le ofrecieron 16 opciones para reubicarse, pero que a la fecha no quiere ninguna.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 08 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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