Allan Astorga, geólogo y ambientalista, denunció a cuatro instituciones del Estado por la pifia en la construcción del acceso a APM Terminals en Moín, Limón.
Específicamente la denuncia está dirigida contra el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y la Contraloría General de la República (CGR).
Además se interpuso el 26 de junio de 2021 ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
El geólogo indicó que la acusación se debe a la información que se divulgó por el caso Cochinilla e incluso solicitó que el documento fuera anexado a la investigación judicial que se sigue actualmente.
Expuso una supuesta anomalía técnica, jurídica y económica relacionada con la ruta 257, cuyo costo total se acerca a los $90 millones.
El manejo de la carretera a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) resultó en un fuerte dolor de cabeza para las autoridades del MOPT.
VIADUCTO INNECESARIO
El geólogo expuso que la construcción de un viaducto sobre la carretera existente desde 2014 resultó innecesaria, pues solo necesitaba ser asfaltada.
La obra fue adjudicada por el consorcio del Atlántico, integrado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas. Astorga mencionó que el diseño y planificación de la conexión del viaducto con la isla artificial desencadenó la pifia que encareció en $10 millones el costo total de la obra.
Otro de los elementos considerados en la denuncia es que la justificación técnica para el proceso de construcción habría carecido de algún tipo de sustento por parte del Conavi.
El ambientalista no entendió por qué se decidió cambiar el asfaltado de la carretera a ras de suelo, cuyo costo ronda los $5 millones, por un viaducto de más de $80 millones.
Adujo que el Conavi lo justificó diciendo que para evitar el daño del humedal porque había un atractivo turístico y la obra era más estable.
“En el trayecto de casi dos kilómetros la ruta 257 atraviesa un bosque húmedo de tipo pantanoso que califica como un humedal. Se aclara que esta zona de humedal no se restringe únicamente al sector de Moín, sino a toda esa zona boscosa.
Quien suscribe la denuncia durante el periodo 2016-2019 coordinó los estudios ambientales para el Plan Regulador del cantón de Limón. Como parte de esos estudios, aprobados por la misma Setena en el 2019, se constató que toda esa zona de bosque que atravesó la ruta 257 a ras de suelo corresponde a un humedal”, dijo Astorga.
DUDAS
El ambientalista presentó un documento ante la CGR el 24 de abril de 2017 durante el proceso de construcción del viaducto.
Se solicitó al ente contralor la posibilidad de investigar posibles inconsistencias técnicas que implicarían una significativa pérdida de recursos para el país.
Tras una revisión del expediente se llegó a la conclusión de que la resolución de Setena, en que se otorga la viabilidad ambiental al proyecto de la ruta 257, se hace para una carretera a ras de suelo y no a un viaducto.
De igual forma, mencionó que al momento de la entrega de la viabilidad ambiental al proyecto se fija un monto de garantía por ¢15 millones, equivalentes al 0,5% del total de inversión.
Manifestó que la Contraloría trasladó la gestión a Setena, donde le indicaron que “esta Área de Denuncias e Investigaciones da por atendida su gestión, subrayando con especial énfasis que el presente acto no avala y prejuzga los hechos expuestos en la denuncia”.
Aquí denunció que la CGR no da respuesta concreta a la pregunta planteada ni tampoco se solicitó que Setena respondiera al órgano contralor sobre dicha consulta.
Citó que existe una inconsistencia en el documento enviado por Allan Ugalde, gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, donde da autorización al Conavi para que realice la obra del viaducto.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Jueves 08 de Julio, 2021
HORA: 12:00 AM
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