La Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) presentó un recurso de amparo ante Sala Constitucional contra el ministro de Hacienda, Elián Villegas, por no girar recursos al sector público.
El documento señala que Hacienda no pagó un aumento por costo de vida de 2020, adeudado a todos los funcionarios de la Administración Pública central. Asimismo, se le niega información al sindicato sobre cuándo se pagará el rubro.
De acuerdo con el recurrente, Gilberto Cascante, presidente de ANDE, se ha perjudicado los ingresos de los educadores por la suspensión “injustificada, arbitraria y excesiva de dicho pago”.
LOS HECHOS
Para 2020 el Gobierno de la República acordó otorgar a las personas funcionarias de la Administración Pública un ajuste de ¢7.500 por costo de vida de forma general.
Lo anterior de conformidad con Resolución DG-003-2020 de fecha 1 enero de 2020.
Dicho ajuste salarial, que era para compensar el aumento de costo de vida y de esa forma mantener el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios públicos, no se ha pagado a la fecha.
Lo anterior debido a que se ordenó su suspensión por parte del Gobierno de la República, según el Decreto No.42286 MTSS-H-Mideplan.
“Debido a esta suspensión en el pago del ajuste salarial 2021, que afecta a nuestra afiliación y al resto de las personas trabajadoras de la Administración Pública central, el día 2 de junio de 2021 ANDE solicitó de forma escrita, al señor Elián Villegas Valverde, en su condición de ministro de Hacienda, información sobre la fecha en que se haría efectivo el pago del aumento salarial decretado en 2020, la cual aún no ha sido contestada”, expresó Cascante.
El presidente de ANDE considera que la suspensión acordada de forma unilateral por parte del Gobierno de la República implica una violación a la integridad de los salarios de los empleados públicos, quienes “se han visto empobrecidos por esta medida, ya que se trataba de compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, por causa de la inflación acumulada durante los meses anteriores a su aprobación, situación que afecta gravemente a las personas trabajadoras y sus familias”.
“Por tal razón alegamos violación de las garantías constitucionales aplicables al salario, como derecho fundamental de las personas trabajadoras, de conformidad con lo previsto en los artículos 50 y 57 de la Constitución Política”, agregó.
Asimismo, el líder sindical considera que la suspensión del aumento violó los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ya que Hacienda ordenó frenarlo por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, sin embargo al día de hoy “ha excedido cualquier plazo razonable para que se hiciera efectivo”.
“Las personas trabajadoras afectadas por esta disposición, entre ellas las personas trabajadoras del sistema educativo, con responsabilidad y paciencia han esperado que se levante la suspensión casi 18 meses, durante los cuales también han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 y han continuado laborando en condiciones sumamente estresantes.
A lo anterior se suma esta deuda del ajuste salarial, que rompe con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que son principios de orden constitucional, ante lo cual corresponde a la Sala Constitucional restituir los derechos constitucionales afectados por una suspensión completamente abusiva, en cuanto a un ajuste salarial reconocido desde enero de 2020”, concluyó.
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Viernes 03 de Septiembre, 2021
HORA: 12:00 AM
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