Organizaciones y activistas de las comunidades LGBTIQ+ piden que se apruebe legislación que penalice los crímenes de odio, durante marchas que realizaron este fin de semana clamando por justicia por la vida de Genaro Vega, un joven nicaragüense y homosexual, que fue víctima de un crimen motivado por su orientación sexual y su nacionalidad en Guanacaste.
La tarde del sábado, en Potrero (Guanacaste) y la noche del domingo, en San José, organizaciones, activistas, familiares y personas aliadas se movilizaron para repudiar el atroz crimen y denunciar la falta de voluntad de los estados centroamericanos para garantizar los derechos de estas poblaciones.
En un comunicado que fue leído durante la vigilia del domingo, las organizaciones informaron que Vega «fue víctima del odio que transpira la sociedad clasista, homolesbobitransfóbica, xenófoba, misógina y patriarcal». Según versiones de amistades y testigos, los perpetradores agredieron sexualmente al joven, lo golpearon, lo arrastraron y finalmente, le rociaron combustible y le prendieron fuego. Estos hechos, afirman, «evidencian el odio y ensañamiento hacia las personas LGBTIQ+».
Según información a la que pudo acceder UNIVERSIDAD, el joven se encuentra en un coma inducido luchando por su vida en el Hospital San Juan de Dios.
«Yo como mamá no me puedo ni imaginar el dolor que puede sentir esa madre y esa familia, por ese salvajismo que se cometió contra ese joven. Nosotros queremos que nuestros hijos salgan a la calle como sale cualquier hetero, con esa libertad de no ser condenados y lo que queremos es que se apruebe una ley para que castigue por estos crímenes de odio», dijo Vitinia Varela, madre activista y fundadora de «Amor a la diversidad de Tila», una organización de apoyo a las familias de la población sexualmente diversa.
En el pronunciamiento, las organizaciones indicaron que «pese a la preocupación que han expresado algunas instancias internacionales de protección, los denominados crímenes de odio cometidos en contra de la población LGBTIQ+ no han sido objeto de estudios exhaustivos; no se cuenta con información suficientemente sistematizada, siendo que, en algunos países, la problemática se encuentra invisibilizada».
Específicamente en el caso de Costa Rica, explicaron, los ataques motivados por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia ni siquiera constituyen un agravante penal y no existe la posibilidad de registrarlos como móvil de la violencia, «pues el Estado no ha hecho esfuerzos por tipificarlos».
«Esto es sumamente preocupante, ya que acentúa el estado de indefensión y vulnerabilidad en el que se encuentra nuestra población», indican.
Cabe destacar que en la Asamblea Legislativa hay dos expedientes que abordan esta situación.
El proyecto 22.171 «Ley para penalizar los crímenes de odio, el delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos», de los legisladores Nielsen Pérez y Jorge Fonseca, modificaría el Código Penal para que se traten como calificados los delitos que se cometan por causa o en razón del color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud de la víctima.
Además, el expediente 21652 presentado por Enrique Sánchez, que incluiría un artículo al citado código para penalizar solamente el homicidio de una persona que se diera «en razón de su pertenencia a un grupo racial, étnico o religioso, de su nacionalidad, o de una condición de edad, sexo, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas».
