Diversas cámaras empresariales se oponen a un proyecto de ley impulsado por el diputado liberacionista Gustavo Viales, que modifica la base de cálculo de los impuestos que deben pagar los importadores a la hora de introducir el producto extranjero en el mercado nacional, como una medida de alivio al impacto de la llamada “crisis de los contenedores” y que vuelve a abaratar el precio de estos productos extranjeros, frente a los nacionales.
Mario Montero, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), explicó a UNIVERSIDAD que, la crisis de contenedores ha hecho que ciertos productos alimenticios extranjeros se encarezcan y que los productos costarricenses sean actualmente más baratos que estos. Pero que con el proyecto de ley se intervendría la regulación fiscal, y por una intervención política, no de una “lógica de la libertad de los mercados”, los productos extranjeros volverían a ser más baratos que los costarricenses.
Montero puso como ejemplo el caso de las mermeladas. “Por ejemplo, las mermeladas costarricenses compiten en el mercado contra las mermeladas españolas. La mermelada nacional se abastece de materia prima elaborada localmente (frutas, azúcar, ingredientes diversos, vidrio). Cuando sucede algo en los mercados internacionales que hace que las mermeladas españolas se encarezcan, entonces, las mermeladas costarricenses son ahora relativamente más baratas que las españolas. Eso hace que la mermelada tica sea más competitiva en el mercado tico, en comparación con la mermelada española”.
“El proyecto de ley lo que busca, es que, mediante la intervención de la regulación fiscal, la mermelada española vuelva a ser más barata que la tica, en este caso, no por la lógica de la libertad de los mercados y la libre competencia, sino por la intervención política que busca que la mermelada española sea más barata que la tica. Igualmente, todo esto es equivalente a decir, desde una mirada estrictamente económica, que el sacrificio fiscal que el estado está haciendo de manera temporal gracias al proyecto de ley, es una inyección directa que da competitividad al producto extranjero con el cual compiten nuestros productores nacionales”, añadió Montero.
Para Montero, esto “no tiene ningún sentido lógico, puesto que la política pública o cualquier inversión de incentivo tributario, debe estar orientado a promover la inversión nacional y el consumo nacional y el empleo nacional, no lo opuesto”.
Se le consultó ¿a qué empresas en el país beneficiará este proyecto de ley? “Posiblemente inyecta flujo de caja a todo aquel que importa algo, lo cual no es malo. El tema de fondo es que la política debe calibrarse para que los beneficios sean generalizados y si alguien debe perder competitividad, sea por factores naturales dentro de la naturaleza misma de las ventajas comparativas, de las ventajas competitivas y de las economías de escala del país, no porque a un político se le ocurrió que hay sectores a los que hay que beneficiar y a otros no”, afirmó Montero.
La “crisis de contenedores”
La llamada «crisis de los contenedores» es una insólita escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y precios de fletes extremadamente altos.
Varios factores se juntaron para causar esta escasez de contenedores -que sí existen pero no están donde deberían estar-. Durante la pandemia han llegado a puertos de América y Europa cientos de barcos con contenedores; pero por las restricciones de la pandemia no pudieron cargarlos con nuevos productos para llevarlos de regreso a Asia. También ha habido interrupciones en la fluidez del tráfico marítimo y cierre temporal de algunos puertos en China para controlar la pandemia.
Al haberse disparado el precio de los fletes, han aumentado los costos de los productos al consumidor final.
Según datos de la Cámara de Comercio Exterior los costos de transporte marítimo han aumentado hasta un 1000%, pasando de entre $2.000 y $4.000 a finales de 2019 a entre $18.000 y $20.000 en este momento, lo cual afecta los precios de los productos importados que se venden en el país.
De acuerdo con una encuesta realizada por la Cámara a más de 100 empresarios, el 79% señaló que “el aumento de los precios o costos de las materias primas es un factor que está golpeando su competitividad” y, un 59% indicó “haber tenido problemas con la logística de importación de materias primas o insumos”.
El proyecto de ley propuesto por Gustavo Viales
El proyecto de ley propuesto por el diputado Viales plantea que el impuesto sobre el costo de los fletes se calcule según los costos de referencia de antes de la pandemia por el Covid-19.
Pretende autorizar un ajuste temporal de la base imponible de los bienes de importación por vía marítima, permitiendo a los que importen mercancías, que, en su declaración aduanera, consignen como valor de flete, para efectos del cálculo del impuesto, el promedio de ese valor según los que había entre los años 2017 y 2019. Esto aplicaría por un plazo de un año.
La semana pasada los diputados aprobaron una moción para dispensar de todo trámite el proyecto de «Ley de Alivio temporal por costos de transporte marítimo para las importaciones nacionales con el fin de mitigar la crisis de los contenedores» y que se discuta en el plenario legislativo.
Viales informó que se preparó un texto sustitutivo al proyecto que se construyó con diferentes bancadas, cámaras empresariales y la Dirección General de Aduanas.
El legislador ha afirmado que la medida beneficiará tanto a los pequeños comerciantes que importan, como a los grandes importadores y al bolsillo de los costarricenses porque reducirá el precio de los productos finales.
Cámaras de alimentos, plásticos y agricultura se oponen
A este proyecto de ley se oponen CACIA, la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), la Cámara Costarricense del Plástico (ACIPLAST) y la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) porque la consideran una “herramienta de intención loable, pero mal calibrada y con impactos negativos sobre la producción nacional”, según un comunicado.
Según explicó Montero, de CACIA, “lo que se debería incentivar es una reducción generalizada de las cargas fiscales y parafiscales que incentiven el consumo, la inversión y la formalización de la mitad de la economía para que se dé un crecimiento generalizado de la actividad económica y el empleo formal”.
“Un subsidio a la importación como el que busca esta iniciativa de ley posiblemente permitirá que el bien importado sea menos costoso, producto de la intervención del Estado que inyecta flujo de caja al importador. El efecto inmediato es que el productor y el fabricante nacional, tendrán que competir internamente con producto extranjero que ha sido abaratado de manera artificial, por lo que el mercado arroja precios que no son reales, dejando al productor nacional en un escenario de competencia desleal, creada por los propios diputados”, criticaron las cámaras.
“Un subsidio a las importaciones es el equivalente a que las arcas del Estado costarricense le condonen el pago de tributos a las plantas de producción que están en el extranjero y que venden sus productos en el país. Suponiendo que se reducirá el costo de los bienes al consumidor final local, lo cual no es claro para todos los casos ni en todos los mercados; también se crea un subsidio directo de la hacienda pública nacional a las fábricas ubicadas en el extranjero y al empleo de esos países, en detrimento del nuestro”, según dichas cámaras.
Sin embargo, la Cámara Costarricense de la Construcción apoya el proyecto de ley del diputado Viales porque asegura que tendrá un impacto positivo sobre el costo de los materiales importados y sobre la inflación.
