La huelga de hambre que ya lleva una semana y alcanza a seis centros penales del país, preocupa a las familias de las personas privadas de libertad que forman parte del movimiento pues aunque apoyan sus demandas, temen por sus vidas y su salud. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y Paz dice estar «escuchando» y «explicando las realidades».
Este lunes dos proyectos de acción social de la Universidad de Costa Rica que trabajan con población penal juvenil («Apoyo a la población penal juvenil» (TC 547) y «Salir del canazo: acompañamiento a los procesos de egreso de la población penal juvenil») emitieron un comunicado alertando sobre «la difícil situación que se vive actualmente en varios centros penitenciarios del país, donde los efectos acumulados del aislamiento por la pandemia, así como por la implementación sostenida de protocolos sanitarios, han traído afectaciones a la población privada de libertad y sus familias».
En el documento, los integrantes de los proyectos informaron de una huelga de hambre que inició el miércoles 16 de febrero en el Centro de Atención Institucional Terrazas y que ya se ha extendido al menos a cinco centros más y calificaron el movimiento como «una respuesta organizada y legítima de la población a un estado de cansancio e incertidumbre, ante la falta de atención institucional a necesidades básicas que se han visto afectadas por la implementación de medidas sanitarias extremas, en un momento en que en el resto del país se retorna a la presencialidad y se retoma la realización de actividades masivas».
Vanessa Beltrán, docente vinculada a estos proyectos dijo a UNIVERSIDAD que tras dos años de pandemia en los centros penales se ha empezado a sentir el cansancio de la población y la incertidumbre, pues el país ha empezado a moverse como antes, con una reactivación hacia la normalidad, pero las visitas familiares en los centros siguen restringidas y no hay posibilidad de visita íntima (conyugal).
Entre las molestias que ha manifestado la población, dijo, es la limitación de tiempos de visita, la cantidad de personas que pueden ingresar y la imposibilidad de tener contacto físico con sus familiares, incluyendo a sus propios hijos e hijas.
«La construcción del CAI Terrazas se planteó justamente para atacar el problema del hacinamiento, que es un problema constante pero a raíz de su apertura se han dado irregularidades», explicó Beltrán. Entre otros problemas, la población denuncia que han sido trasladados sin previo aviso y sin notificar a sus familiares, que no se permiten visitas íntimas pues los espacios no se han adecuado e incluso, a varios privados de libertad no se les permitió votar en la pasada elección pues no estaban en el padrón del centro (a pesar de que la ley tiene disposiciones que permiten solucionar ese problema).
Mauren Esquivel, esposa de un privado de libertad y dirigente de la organización Familia Penitenciaria Unida dijo que la huelga ha sido minimizada por las autoridades, pero que desde el pasado miércoles, decenas de internos están rechazando no solamente los alimentos que ofrece el centro penal, sino las encomiendas de familiares y cualquier otra forma de alimentación para reclamar por mayor apertura para ver a sus familias.
«Los privados de libertad y sus familias hemos sido la población más afectada, cuando había cinco casos y ninguna medida aún, a nosotros ya nos habían quitado la visita y ahora, ya afuera vemos bares y restaurantes llenos, conciertos, eventos masivos, pero nosotros seguimos con una visita sólo de una hora, una vez al mes, y sólo puede entrar un adulto y un niño, es decir, mis hijos ven al papá una vez cada dos meses y aun cuando lo ven, no lo pueden abrazar, no pueden jugar con el, nada. Esto está destruyendo familias», dijo conmovida.
Según el testimonio de la mujer, si un familiar, así sea un niño, rompe el protocolo y toca de cualquier manera, «sea un abrazo, un apretón de manos, lo que sea» a una persona privada de libertad, el centro aplica una medida cautelar y le prohibe las visitas por los siguientes seis meses. «Es una penalidad como si hubiera metido un teléfono o algo así», reclamó la mujer.
Todas estas restricciones han motivado la huelga de hambre, que según dijo «no va a parar hasta que no haya respuestas».
Esquivel informó que el Ministerio de Justicia y Paz no ha ofrecido siquiera un acercamiento y que la ministra, Fiorella Salazar, no ha conversado en ningún momento con ninguno de los participantes en el movimiento, sino solamente con la administración del centro. «Incluso les dijeron que ella había indicado que no tenía nada que negociar con la población, como si su puesto no se debiera a ellos», indicó.
Tanto los proyectos de la UCR como los familiares aglutinados en Familia Penitenciaria Unida piden tanto al ministerio como a la administración de los centros que garanticen todos los derechos de la población, «procurando una adecuada ponderación entre medidas sanitarias y necesidades afectivas y emocionales de la población y sus familias» al tiempo que piden que «se reconozca la legitimidad de su derecho a la manifestación y protesta, y que se procuren salidas que garanticen su integridad física y moral».
Justicia y Paz por su parte remitió un breve informe sobre la situación, en el que la ministra Salazar indicó que al mediodía de este lunes seis centros penitenciarios tenían personas que «no estaban recibiendo los alimentos que la institución brinda», evitando referirse a la huelga de hambre como tal.
«Nosotros estamos trabajando directamente con ellos en terreno, las autoridades de cada uno de esos centros penitenciarios, para escuchar sus inquietudes y para explicarles las realidades. De igual forma, estamos monitoreando el estado de salud de las personas para asegurar que se encuentren bien», dijo la jerarca.
Además recordó que «las encomiendas siguen entrando a los centros penitenciarios y los centros de libertad tienen acceso a los comisariatos que están en cada uno de esos centros», aunque omitió informar que ellos están rechazando los alimentos de las encomiendas y que solamente han comprado agua y tarjetas en los comisariatos, según información que manejan las familias.
«El diálogo se mantiene abierto. Sabemos de la validez que se solicitando la población penal, tanto en la apertura más amplia de la visita general como de la visita íntima. Estamos explicándoles que trabajamos con el Ministerio de Salud para llegar a ese momento y poder hacer los anuncios de las situaciones a las que estamos trabajando lo más pronto posible», concluyó.
