Este lunes la Cámara de Empresarios del Combustible manifestó su rechazo hacia la iniciativa que busca una reducción del 25% al margen de ganancias de los sectores dedicados a la venta y transporte de combustibles.
La medida fue propuesta por el Gobierno ante los diputados (Expediente 22.966) como una opción para atenuar la subida de los precios de combustibles provocada por la crisis entre Ucrania y Rusia.
Para la Cámara de Empresarios del Combustible, el Ejecutivo pretende imponer sanciones económicas al sector de Distribución en el país, confiscando fondos al sector mientras se rehúsan a disminuir el impuesto único a los combustibles, que representa uno de los componentes que más encarecen el precio de los combustibles: “El Gobierno lo hace en forma autoritaria y revelando un total desconocimiento de la operación del subsector distribución de combustibles”.
Según datos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en Costa Rica, el impuesto único de los combustibles tiene un impacto del 33% en la gasolina súper, 32% en la regular, y 21% en el diésel.
Por otro lado, como UNIVERSIDAD reportó anteriormente, la Cámara de Empresarios del Combustible presentó un análisis que demuestra que el precio de los combustibles en Costa Rica es más bajo que el promedio regional: “Costa Rica refleja un precio por debajo del promedio de la región, más barato que Honduras, Nicaragua y República Dominicana, en el producto gasolinas y mucho mejor posicionado en los costos del diésel”, dijo Masís en ese momento.
Fallas de conocimiento
Según el comunicado emitido por la Cámara de Empresarios del Combustible, la propuesta del Gobierno contiene algunas “fallas de conocimiento”, como que “el ministro de Hacienda y el presidente, creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el Brent (europeo), siendo lo correcto los precios cotizados con referencia al WTI (EUA)”.
Otro elemento que la entidad afirma que se desconoce, es que el margen de distribución no es porcentual respecto al precio al consumidor, sino que el modelo del expendio valora costos de operación, por lo que se define un monto fijo en colones por litro.
Asimismo, otro fallo que se apunta es que se cree que el margen de distribución ingresa íntegro a las cuentas bancarias, cuando en realidad de ese margen se debe pagar todas las obligaciones, salarios, cargas sociales, costos operativos, impuestos, entre otros.
“Nuestra organización considera desproporcionada y falta de análisis inteligente, una propuesta totalmente reactiva, que lo único que hace es socavar al sector, sin impactar efectivamente los precios para los consumidores en general. Los gasolineros y transportistas valoraremos las acciones legales contra la propuesta y, de hacerse efectiva, contra los promotores de lo que será un descalabro económico sin precedentes. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad del servicio”, indicó Alberto Mesén, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Empresarios del Combustible.
La entidad manifestó que la propuesta rompe con el principio de servicio al costo, que reconoce inversiones, gastos y depreciación, para fijar la tarifa al prestador del servicio.
Según la Cámara, la iniciativa representa una confiscación de dos veces el capital de trabajo de una estación de servicio promedio, al mismo tiempo que devolver el margen de distribución diez años atrás, pero con los costos actuales de operación.
Además, la incautación de recursos similares al pago mensual de los salarios operativos o el pago total de servicios y mantenimiento de sistemas, plantas y equipos. También, sería 3.3 veces más el impuesto de renta que pagan en promedio las estaciones de servicio y el transporte.
“El sector gasolinero no puede aceptar una ley confiscatoria y ruinosa por nobles que sean sus propósitos, la propuesta al igual que otros actos de este Gobierno, atacan directamente a sus pobladores, irrespetan la propiedad privada y cuartan el ejercicio de la libre empresa” dice el comunicado.
Anteriormente, Recope también advirtió las consecuencias que podría traer sobre esta entidad la iniciativa de ley, puesto que esta también prevé reducir en un 80% el Rédito para el Desarrollo, lo que según la empresa tampoco traería un beneficio importante para el consumidor.
