La Cámara de Empresarios de Combustibles de Costa Rica rechaza profundamente el proyecto de ley N.º 22966, impulsado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y Elian Villegas, ministro de Hacienda.
Este sector se opone al contenido del expediente llamado: “Ley para atenuar los efectos sobre el precio de los combustibles y sus consecuencias producto del conflicto bélico Rusia-Ucrania”, esto debido a que, según señalan, el Gobierno no les pidió opinión ante lo solicitado en dicho proyecto, por lo que consideran que lo impulsaron de forma autoritaria.
José Miguel Masis, director de dicha cámara, comunicó que los efectos de este proyecto podrían ser peor de lo que se presentó a los inicios de la pandemia por Covid-19.
“Con los efectos de la pandemia tuvimos una expectativa de poder negociar, por eso el impacto es mucho mayor a lo que tuvimos en la pandemia (...) Es una propuesta que no ha sido consensuada, es una sanción económica a un sector y que ha sido el soporte de la economía costarricense”, dijo Masis en conferencia de prensa.
DISMINUCIÓN
El Gobierno busca hacer una modificación en el cálculo del precio de los combustibles que aplicaría una retención del 25% del margen de ganancia de las gasolineras, entre otros efectos.
Este proyecto aplicaría una rebaja de 14,7 colones por litro para las estaciones de servicio, 3,19 en el rubro de transporte y 8,77 en lo correspondiente a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
IMPUESTO ÚNICO
Además, el director de la cámara está indignado de que no se haya bajado o congelado el impuesto único a los combustibles, dinero que se dirige hacia el Ministerio de Hacienda.
“Se rehúsan a reducir el altísimo costo que representa el impuesto único a los combustibles. Ya hay presión por parte de los agremiados, el disgusto es evidente, no existe ningún análisis técnico ante tal propuesta. Es inconstitucional, las medidas las vamos a evaluar”, añadió.
INGENIERO HABLA
Alberto Mesén, ingeniero y presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Combustibles, explicó que es una propuesta reactiva, desequilibrada y con falta de análisis, a la que incluso se opone la Aresep.
“Las gasolineras y transportistas valoraremos las acciones contra la misma. La propuesta desde ya genera un ambiente de inseguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad del servicio”, señaló Mesén.
LO QUE SE PLANTEA
En esta iniciativa de ley pretende incautar el 25% de la tarifa del margen de comercialización fijado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ente técnico que utiliza un modelo de costos para determinar los gastos operativos, según información de la cámara.
FALLAS DEL PROYECTO
• El ministro de Hacienda y el presidente creen que el índice de referencia de precios de los combustibles para Costa Rica es el Brent (europeo), siendo lo correcto, el WTI (USA).
• Asimismo, se cree que el margen de distribución es porcentual respecto al precio del consumidor, ignorando que el modelo del expendio valora los costos de operación, por lo tanto, es un monto fijo en colones por litro.
• Por último, aseguran que desconocen que por medio del margen de distribución se pagan salarios, obligaciones, cargas sociales, costos operativos y más.
Fuente: Cámara de Empresarios de Combustibles de Costa Rica.
PERIODISTA: Génesis Castillo Mora
EMAIL: [email protected]
Martes 22 Marzo, 2022
HORA: 12:00 AM
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