En un oficio de este 4 de julio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pide al fiscal subrogante Warner Molina que atienda las inversiones de los fondos de pensiones administrados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en la empresa de medios de comunicación La Nación. S.A.
La ANEP pretende que se “aclare si los fondos pertenecientes a la CCSS sufren algún riesgo” y si existen conductas que podrían ser tipificadas como delito, por la administración de los recursos de las pensiones.
Según el documento, del cual UNIVERSIDAD tiene copia, se le pide a la Fiscalía General que responda sobre la existencia de investigaciones por los más de 6.400 millones de colones en pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el Fondo de Retiro de Empleados de la institución (FRE) y la operadora de pensiones complementarias CCSS-OPC, dentro de la cual se compraron bonos con el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).
Estos datos también se desprenden de un oficio de dos gerentes de la CCSS, que solicitaron cuentas sobre el estado financiero de La Nación, de cara al próximo vencimiento de los bonos. También existen dudas sobre los gastos que genera a la empresa un proyecto inmobiliario que se administra por medio de un fideicomiso financiero, hacia donde se estarían traspasando propiedades adquiridas por la empresa (entre ellas, la propiedad principal en Llorente de Tibás).
El documento de ANEP recupera que las calificaciones de riesgo de La Nación bajaron de “AAA” a “A”, por lo que la CCSS vigila dichas inversiones, un dato que se publicó en el reportaje de este semanario “Operadoras triplicaron ROP en Fifco hasta ₡70 mil millones mientras redujeron en La Nación a ₡6.961 millones”.
La Nación tendrá que pagar ₡9.911 millones por inversiones a pensiones de la CCSS y tres operadoras del ROP entre 2024 y 2025
Gerentes de CCSS piden saber cómo se pagarán los casi ₡6 mil millones invertidos con CCSS y fondo de retiro de empleados, porque La Nación generó pérdidas de ¢350 millones a inicios del 2022, mientras gasta en proyecto inmobiliario y reparte dividendos a sus accionistas
“En criterio de ANEP, los hechos publicados por esta prensa nacional nacional, reflejan situación de urgencia que debe ser analizada por las autoridades del Poder Judicial, en especial del Ministerio Público, pues podría estar, en apariencia, frente a algún fraude de simulación que involucra fondos del IVM, del FRE y de la Operadora de Pensiones Complementaria de la CCSS”, dice el documento.
“Lo que nosotros queremos es que la Fiscalía, si dice que no existe nada, que pase a la segunda pregunta: ¿qué va a hacer? Los indicios son claros de que podría estarse construyendo algún tipo de maniobra jurídica que pretendiera eludir las responsabilidades financieras de este grupo?”, afirmó el secretario general de ANEP, Albino Vargas, en entrevista.
Pese a que la solicitud de la ANEP toma nota de las peticiones que realizaron gerentes de la CCSS, Vargas rechazó que su organización sindical presione a la Junta Directiva para dar cuentas del caso.
“No le creemos a la Junta Directiva de la Caja. No nos merece ninguna confianza. Preferimos llegar al propio Presidente de la Caja y al propio presidente de la República. Vamos a enviar una nota para que nos identifiquen las personas funcionarias que autorizaron y tomaron estas decisiones. Para ponerles rostro”, explicó Vargas.
“La institucionalidad pública sigue siendo codiciada por grupos financieros, mercantiles, que esa institucionalidad pública muy valiosa, es una fuente de nuevos negocios. Son los riesgos de poner gente en las instituciones que se convierten en los enemigos de la misma, desde adentro”, dijo también el secretario de ANEP.
