La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) mediante un pronunciamiento manifestó que “resulta grave la omisión de la Sala Constitucional de conocer de forma oportuna los recursos de amparo y acción de inconstitucionalidad interpuestos” que contienen la solicitud “expresa y urgente” de una medida cautelar que suspendiese la votación secreta para elegir a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Tal como informó UNIVERSIDAD, Acojud y el Sindicato de la Judicatura (Sindijud) presentaron los recursos ante ese tribunal el 31 de agosto, dos días después de que se realizó la primer jornada de cinco rondas de votación.
La idea de las organizaciones era lograr la medida cautelar que diera chance a la misma Sala Constitucional de evaluar el tema. El amparo de Sindijud consideró “violatorio a los derechos constitucionales de la ciudadanía en general y particularmente del colectivo judicial y las personas afiliadas al sindicato, el proceso de elección para la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia llevado a cabo en forma secreta, según lo dispuso de esa forma dicho órgano colegiado”.
Por su parte, Acojud en un amparo que presentó junto a la organización no gubernamental Costa Rica Íntegra, alegó que con las reglas emitidas por la propia Corte Plena sobre la elección secreta, se infringió “los derechos y principios fundamentales a la rendición de cuentas, publicidad, transparencia, motivación del acto e independencia judicial; así como lo dispuesto en los artículos 11 y 30 de la Constitución Política”.
Sin embargo, la Sala Constitucional guardó un frustrante silencio y el pasado lunes 5 de agosto se realizó una segunda jornada de cinco rondas de votación, con el mismo resultado: ninguna de las cinco personas postulantes logró el mínimo requerido de doce votos para ganar la elección, con Patricia Solano, de Sala III, y Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, a la cabeza.
Cabe destacar que la magistrada Julia Varela se ha mostrado vehemente en favor de la votación pública, bajo una argumentación similar a la de los sindicatos en el sentido de que considera que principios garantizados por la Constitución Política, como la transparencia y publicidad de los actos administrativos, están por encima del mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial de realizar la elección de forma secreta.
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