La Asociación de Formuladores y Comercializadores de Agroinsumos de Costa Rica (Asoagro) está alertando acera de los efectos que podría tener la prohibición en el uso de un grupo de agroquímicos. Se dice que hasta 500 mil empleos directos e indirectos estarían en riesgo.
Se trata de 119 pesticidas cuyo uso sería eliminado con base en un decreto ejecutivo y una iniciativa de ley. Parte del problema es que miles de agricultores se quedarían sin herramientas para atender las cosechas.
Los insumos se utilizan para controlar insectos y plagas que atacan severamente gran cantidad de cultivos como papa, cebolla, repollo, brócoli, tomate, chile dulce, remolacha, zanahoria, lechuga, culantro, chayote, banano, plátano, sandía, melón, ayote, naranja, limones, frutales, arroz, plantas ornamentales y pastos.
DIARIO EXTRA cuenta con copia de la nota enviada a 10 asociaciones y cámaras agrícolas, incluida UPA Nacional, la Cámara de Agricultura y Agroindustria, la Cámara Nacional de Productores de Piña y Exportadores, la Corporación Hortícola Nacional, y la Unión de Productores Independientes, entre otros.
Sigurd Vargas, abogado especialista en derecho agrario explicó que, de los registros de insecticidas a cancelar, 23 son de ingrediente activo grado técnico, ocho son para formular productos de exportación y 96 de productos formulados, que son los que compra el agricultor en los agroservicios.
“Esto agrava más la situación, no solo porque el registro de productos fitosanitarios químicos sintéticos sufre de una parálisis desde hace ya muchos años, sino, porque el registro de alternativas microbiológicas y botánicas tampoco pueden registrarse en el país, esto significa, ni más ni menos, que cada día dejamos al productor más desprotegido, no habría cómo evitar que las plagas acaben con sus cultivos”, acotó Vargas.
AGRAVARÍA MÁS
SITUACIÓN DEL SECTOR
La decisión está en manos de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, la cual analiza el proyecto de ley N.º 22.790, que pretende prohibir el uso de insecticidas de uso agrícola a base de fipronil y neonicotinoides.
Además, se encuentra en consulta pública, hasta el 15 de setiembre, un proyecto de decreto ejecutivo propuesto e impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que pretende establecer la prohibición del registro de insecticidas y plaguicidas formulados a base de dimetoato, así como carbosulfán, benfuracarb y furatiocarb.
“En este momento la agricultura está en una situación en extremo grave y, de aprobarse el proyecto de ley y el decreto, la seguridad alimentaria estaría comprometiéndose. Necesitamos una especial atención de los sectores y del Gobierno para que escuche al sector productivo y atiendan nuestras preocupaciones, ocupándonos todos en resolver esta situación tan grave”, aseguró Freddy Solís, presidente de Asoagro-CR.
Este es el intento prohibicionista de mayor impacto en la competitividad de los agricultores de Costa Rica, no solo porque los agroinsumos que se pretenden prohibir son de libre venta en los países de la región y, en el caso del dimetoato por ejemplo, en otros países referentes, como los Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, sino porque prácticamente no se podría continuar con la producción de gran cantidad hortalizas, legumbres frutas y granos para consumo interno y de exportación, según dijeron.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
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Miércoles 14 de Septiembre, 2022
HORA: 12:00 AM
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