El recorte de ¢7.800 millones efectuado por el Ministerio de Hacienda pone en jaque la funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Corte Plena analizó durante su sesión ordinaria este lunes las implicaciones que traería el tijeretazo en el presupuesto para el ejercicio económico de 2023.
Orlando Aguirre, presidente de la CSJ, dijo a DIARIO EXTRA que la principal preocupación es la rebaja de subpartidas que afectan los servicios que presta la institución.
“Podría eventualmente llegar a tener afectaciones en el servicio. Por ejemplo, se nos están rebajando, prácticamente eliminando, una práctica que tiene que ver con las pólizas de riesgos del trabajo.
Es muy complicado, nos están eliminando las partidas que tienen que ver con la compra de chalecos para la policía, de tal manera que en el momento en que expiren no podríamos hacer operativos si no están las herramientas que se requieren para prestar el servicio.
Nos están afectando la partida para el pago de marchamos y algo muy importante, nos están afectando el pago de alquileres de equipos de cómputo.
Tenemos una cantidad importante de computadoras en arrendamientos y debemos pagar eso, si no se paga, nos quedaríamos sin esa herramienta, que es de vital importancia para realizar intervenciones”, manifestó.
Agregó que hay cooperaciones con el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se deben corregir con inmediatez.
OTRAS PREOCUPACIONES
Los sindicatos del Poder Judicial expresaron su preocupación por las disminuciones respecto al órgano jurisdiccional y administrativo sobre el proceso en cuestión.
Uno de ellos es la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la cual se pronunció sobre el alto rigor técnico y la ausencia de márgenes para hacer recortes.
Indicó que la mayor afectación se registra en los servicios de alquiler del equipo de cómputo desde el primer día de 2023, cuando se deberán devolver 700 dispositivos de este tipo.
Se eliminaría un contrato por ¢500 millones por concepto de vigilancia y limpieza, que a criterio de ese gremio representaría inseguridad e insalubridad.
Así como ¢630 millones para pólizas, además de reducciones en los materiales de oficinas por más de ¢200 millones y tampoco habría recursos para la atención de condenas contra el Poder Judicial.
PERIODISTA: Greivin Granados
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Martes 11 de Octubre, 2022
HORA: 12:00 AM
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