Más de 130 organizaciones y 1100 activistas independientes firmaron una carta pública pidiendo a la Asamblea Legislativa que el debate del proyecto de ley 20.970, para prohibir las torturas dirigidas a revertir o modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTIAQ+, se de con base en la ciencia y el respeto por los derechos humanos.
Así mismo solicitaron a la Presidencia de la República convocar el proyecto en el periodo de sesiones legislativas extraordinarias, que da inicio el próximo 1 de noviembre de 2022.
Estas organizaciones y personas, que incluyen agrupaciones de personas LGBTIAQ+, familias diversas, colectivos feministas, ecologistas, partidos políticos y hasta grupos religiosos, apoyan el mencionado proyecto, que «acertadamente buscar prohibir este tipo de actividades que atentan contra la integridad física, emocional y psicológica de las personas con una sexualidad diversa».
En representación de Resistencia LGBTIQA+ (frente conformado por más de 35 organizaciones y decenas de activistas independientes), Shi Alarcón-Zamora afirmó que las personas de esas comunidades «no necesitamos curarnos de ser quienes somos» pues tener una orientación sexual o identidad de género diversa o diferente, no es una enfermedad mental ni física, es una forma de vida como cualquier otra.
«Los intentos de patologizar, borrar o cambiar la identidad de las personas, negar su existencia como lesbianas, gais, bisexuales, transgénero o de género diverso y provocar el odio hacia sí mismo, tienen consecuencias profundas en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”, agregó.
Las personas firmantes recordaron que el consenso de la comunidad científica es que la orientación sexual y la identidad de género son producto de la combinación de factores genéticos, cognitivos y culturales por lo que no es una decisión y no se puede modificar a voluntad.
Además, reiteraron lo dicho por organismos internacionales de salud y de derechos humanos, que las mal llamadas «terapias» de conversión que se utilizan para intentar convertir a las personas no heterosexuales en heterosexuales y a las personas transgénero o de género diverso en cisgénero, pueden equivaler a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
«Como no hay justificación médica, ofrecer “terapias de conversión” constituye una forma de engaño, publicidad falsa y fraude, además de que son una grave amenaza a la salud, y atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas afectadas», concluyen.
Aunado al comunicado, un grupo de activistas se manifestaron este jueves frente a la Asamblea Legislativa y en las barras de la comisión, en apoyo al proyecto y llamando nuevamente a que el debate se de en el marco de la ciencia y el respeto absoluto por los derechos humanos de todas las personas.
