La sentencia de los representantes de cinco sindicatos del Poder Judicial fue unánime: el proyecto de reforma constitucional 21.612, que se tramita en la Asamblea Legislativa para limitar la reelección de los magistrados, no resolverá los problemas que justificaron su presentación.
Sin embargo, los dirigentes de la Alianza Sindical del Poder Judicial también coincidieron totalmente en recomendar a los diputados eliminar la reelección de los magistrados, que es la base de la discusión a la reforma al artículo 158 de la Constitución Política, y en su lugar ampliar el período del nombramiento de los magistrados, de ocho a 9 ó 10 años.
La posición sindical se externó en la comisión especial de reforma constitucional que tramita la propuesta presentada por el entonces diputado Eric Rodríguez Steller en setiembre del 2019, para limitar la reelección de los magistrados. El texto constitucional actual establece que se eligen por períodos de ocho años, y se les considera reelegidos para períodos iguales, excepto si dos terceras partes de la Asamblea (38 diputados) acuerdan oponerse a ello.
El proyecto apunta a aceptar solo una reelección, y la hace mucho más difícil: en lugar de requerir una mayoría calificada de 38 diputados en contra para evitar la continuidad, los magistrados tendrían que volver a cosechar los 38 votos a favor, para mantenerse en el cargo.
En la sesión de este viernes participaron Jorge Eduardo Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial; Álvaro Rodríguez, secretario general de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines; Silvia Arce, secretaria general adjunta del Sindicato de la Judicatura; Hugo Solís, secretario general del Sindicato de la Defensa Pública, y Carlos Mauricio Valerio, del Sindicato de Profesionales y Técnicos en Contaduría.
Desde el inicio, Cartín especificó que existía un consenso en las agrupaciones y que estaban en la misma sintonía. «No hay conectividad con el espíritu del proyecto, con las justificaciones de una defensa de los principios de justicia pronta y cumplida, eso no se resuelve con el proyecto, deben buscarse reformas más estructurales», dijo.
Los representantes coincidieron en que los principales problemas de politización en la escogencia de los magistrados, y la independencia del Poder Judicial, deben enfocarse con reformas al sistema de elección de los magistrados y no solo a la posibilidad de la reelección.
Sin embargo, también coincidieron en que la propuesta de limitar la reelección no afecta la independencia del Poder Judicial. De hecho, prácticamente todos opinaron que la reelección puede generar una dependencia del poder político. «Puede darse que algunos magistrados vayan a ser complacientes, para buscar garantizar su reelección», ejemplificó Arce.
Los sindicalistas apuntaron que se deberían procurar reformas más profundas, como establecer requisitos de idoneidad para la elección, mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, y un período mayor. «La lógica es establecer un período superior a dos legislaturas, eso garantiza que la persona sea evaluada por tres legislaturas, tres ópticas diferentes, composiciones de la Asamblea Legislativa diferente», manifestó Solís.
El otro gran tema planteado por los sindicalistas fue la necesidad de aclarar la función que se espera del cargo de magistrados, como uno de los elementos que puede contribuir a la búsqueda de una justicia más eficiente. «El problema es si se trata de un alto juez, o un alto gerente, o algo mixto», ilustró Cartín. En ese sentido, se debatió si las funciones administrativas absorben más tiempo del que requieren para la atención de la justicia en niveles superiores.
Las presentaciones generaron bastante interés en los diputados de la comisión. Pilar Cisneros, del oficialista Progreso Social Democrático (PSD) destacó que todos estaban en contra de mantener la reelección de los magistrados, y todos estaban a favor de un período de magistratura más extenso, sin reelección. También se manifestó interesada en propuestas para mejorar la elección de los magistrados y reducir la politización en estas actividades.
Por su parte, Jonathan Acuña, del Frente Amplio, destacó que a pesar de estos consensos, no se trataban de situaciones que se relacionaban con la propuesta específica del proyecto, para reducir la reelección de magistrados a solo una, y variar el requisito de los 38 votos, de exigencia para deponer del cargo, a condición para validar la continuidad. «Convertir la votación de 38 positivos en lugar de 38 negativos, no elimina el problema», dijo.
