Escuchar este artículoEste sábado 21 de enero, el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), tomó la decisión de mantener a Martha Rodríguez González como la representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pese a ser ella uno de los miembros suspendidos por decisión del Consejo de Gobierno.
“En este caso, no solo reiteramos la designación de Rodríguez como representante ante ese órgano, sino que se comprometió con su apoyo para la gestión legal que se lleva a cabo en defensa de la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la CCSS y la democracia costarricense”, informó el movimiento en sus redes sociales.
Asimismo, la organización respaldó la gestión que se realiza ante los organismos nacionales e internacionales en defensa de la libertad sindical, los derechos humanos y la democracia.
Rodríguez fue suspendida junto con otro cuatro miembros del máximo órgano de la Caja por aprobar en setiembre anterior el aumento salarial retroactivo para los 63.000 empleados de la CCSS. De acuerdo con el argumento del Consejo de Gobierno, existió un conflicto de intereses porque esos cinco directores tienen familiares que laboran en la institución y se vieron beneficiados con el alza.
Junta Directiva de CCSS volvió a sesionar pero sin representantes laborales
Además de Rodríguez, representante de los sindicatos, también fueron suspendidos: José Luis Loría, del movimiento cooperativista; Maritza Jiménez, del solidarismo; Carlos Salazar, nombrado por el Poder Ejecutivo, y Jorge Arturo Hernández, representante del sector patronal. Este último presentó su renuncia al cargo.
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Martha Rodríguez González, seguirá como representante sindical en la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de acuerdo con el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense. (Julieth Méndez)
Un criterio legal emitido por la Auditoría Interna de la Caja señaló, sin embargo, que no existió conflicto de interés para ninguno de los directivos suspendidos, pues el incremento salarial fue un “acto administrativo de alcance general” y no específicamente para favorecer a los parientes.
Ese criterio fue objetado por la presidenta de la entidad, Marta Esquivel, quien solicitó aclaraciones a la Auditoría.
Entretanto, la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por sindicatos contra la decisión del Gobierno de suspender a los directivos.
La Junta Directiva se compone de nueve miembros: tres representantes laborales, tres de los patronos y tres del Poder Ejecutivo.
El órgano volvió a sesionar el 12 de enero, sin los representantes laborales y luego de que el sector patronal y el Gobierno nombraran sustitutos a sus miembros suspendidos.
