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Gobierno saca a consulta reglamento de Ley de Empleo Público; ANEP le anuncia batalla en la Sala IV

Durante todo el tiempo en que se discutió como proyecto de ley enfrentó la férrea oposición de sindicatos, instituciones autónomas y organizaciones sociales. También debió atravesar una consulta de inconstitucionalidad y tuvo advertencias del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) sacó hoy a consulta pública el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público, que debe entrar en vigencia el 9 de marzo próximo, mientras la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) anunció dar una pelea en la Sala Constitucional contra una legislación, que considera violenta los derechos laborales y económicos de las personas trabajadoras del sector público.

El Mideplan anunció este martes, que del 31 de enero al 14 de febrero de 2023 estará disponible en consulta pública el Reglamento de la Ley Marco de Empleo Público a todas las instituciones y entidades que representen intereses en todas las regiones del país, así como a la ciudadanía en general.

El Reglamento está disponible para consulta en el siguiente enlace:

https://sites.google.com/expedientesmideplan.go.cr/consulta-empleo-publico

Según señaló el ministerio en un comunicado de prensa, de esta forma “genera los canales de participación ciudadana correspondientes, de previo a la entrada en vigencia de dicha ley”.

La ministra de Planificación, Laura Fernández Delgado, indicó que tienen el compromiso de oficializar el Reglamento para marzo, junto con la entrada en vigencia de la norma, aunque la ley les da hasta seis meses después de su entrada en vigencia para reglamentarla.

De acuerdo con Fernández, el Reglamento “considera aportes y recomendaciones de múltiples sectores como el sindical”.

Sin embargo, Albino Vargas, secretario general de la Anep, dijo hoy a UNIVERSIDAD que siempre han estado en contra de ese “adefesio jurídico”.

“Siempre hemos creído que es una ley violatoria de todos los derechos laborales, económicos y sociales que tiene la clase trabajadora, asalariada del sector público y está llena de inconstitucionalidades”, destacó Vargas, quien anunció que en los próximos días presentarán una acción de inconstitucionalidad “bastante profunda”.

Para el dirigente, no tiene sentido alguno prestarse a ese “juego político” de la consulta del Reglamento, lo cual considera como “algo cosmético” y “una mera formalidad”.

“En realidad no representa ningún proceso transparente, abierto ni participativo. Contestar ese Reglamento, dar aportes a ese Reglamento, es legitimar una ley en la cual no creemos absolutamente en nada”, insistió.

Los gremios han insistido en que con esa legislación, que crea el salario global -cuyo monto aún no está establecido- se verá un congelamiento de los sueldos, al tiempo que las instituciones con diversos tipos de autonomía deberán crear dos tipos de regímenes de empleo para sus trabajadores, lo cual podría generar mucha conflictividad y problemas de gobernabilidad, así como lesionar la autonomía de esas instituciones.

El congelamiento de salarios se produciría producto de la aplicación de la regla fiscal contenida en la ley de finanzas públicas, que establece que los salarios, independientemente de que el costo de vida se dispare, no podrá subir porque el país no puede endeudarse más allá del 60% del producto interno bruto (PIB), cifra que ha superado en los últimos dos años.

Además, limitará las vacaciones a un tope de 20 días, desaparecerá los incentivos salariales y debilitará los procesos de capacitación de la persona funcionaria, según un análisis hecho por abogados de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Alfonso Chacón, académico de la UCR, comentó que esta legislación representa todo un contrasentido en momentos en que el personal del Estado atraviesa por un estancamiento salarial, que ya supera los tres años.

Los cambios que experimentarán los incentivos como la dedicación exclusiva y prohibición para una persona licenciada pasarán, en el primer caso , de un 55% a un 25% sobre el salario base y en el segundo caso bajará de 65% al 25%.

Después de incontables polémicas, la Ley Marco de Empleo Público (10.159) fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 7 de marzo de 2022. El entonces presidente de la República, Carlos Alvarado, la firmó al día siguiente y el 9 de marzo de 2022 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta.

Durante todo el tiempo en que se discutió como proyecto de ley enfrentó la férrea oposición de sindicatos, instituciones autónomas y organizaciones sociales. También debió atravesar una consulta de inconstitucionalidad y tuvo advertencias de los magistrados de más alto nivel, como del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz.

Apenas iniciada la administración Chaves Robles, el presidente y la ministra de Planificación anunciaron que estaban en la disposición de arrancar un proceso de revisión y posibles cambios a la ley. Albino Vargas, quien participó en la primera reunión con el Gobierno para abordar el tema, declaró que la ministra anunció en ese momento que presentaría una matriz para abordar los problemas identificados en la ley.

Chaves en campaña afirmó en febrero de 2022 ante los gremios de médicos y de la salud que esta ley era un «adefesio», porque está «regulando los salarios, las compensaciones, la descripción de los puestos sin saber qué es lo que va a ser el Estado costarricense, cómo se va a ver en el corto plazo. Esta ley se la sacaron de la manga rápidamente para ver si cerraban un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional «. Añadió que habría que vetarla, en caso de ser aprobada y que renegociaría la ley con el Fondo.

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