Distintos sindicatos se le plantan al Gobierno de la República y principalmente al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) por la entrada en vigor de la Ley Marco de Empleo Público.
El primero de ellos es el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), pues considera que la ley es “inconstitucional”, “afectará a cientos de trabajadores del sector público” y, además, “carece de legitimidad”.
“El proyecto de reglamento omitió un Informe Técnico de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) acerca de la Ley Marco de Empleo Público. Los cuestionamientos, observaciones y recomendaciones (sobre la ley) fueron ignoradas. A merced de esta legislación regresiva, fiscalista e incompatible con los principios del Estado Social y Democrático se profundizará en nuestro país la desigualdad social, el desempleo, la precarización de las condiciones de trabajo y el congelamiento de los salarios”, señalan.
“El proyecto omitió realizar el control de convencionalidad: esa gravísima infracción violenta la libertad sindical, el derecho a asociación, negociación colectiva y huelga recogidos en la Opinión Consultiva OC-27-21, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los convenios 87, 98, 151 y 154 de OIT y los artículos 2 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, reclamó el sindicato universitario.
Por otra parte, critican la medida de salario único global, el cual, según el gremio, afecta las condiciones y derechos laborales en que quedarán los funcionarios.
También consideran que se generará una reducción de los salarios reales y empobrecimiento de la clase trabajadora del sector público.
En la misma línea, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco) y el Movimiento Sindical Unido catalogaron el reglamento a la ley de Empleo Público como “antidemocrático”.
“No hubo participación democrática ni diálogo social. Hay deficiencias y omisiones en la reglamentación e implementación de la Ley Marco de Empleo Público. Además, hay una gobernanza totalitaria de Mideplán: todas las instituciones descentralizadas y el Poder Judicial quedan sometidas a esa ‘tutela’ política, desde el reclutamiento, selección, promoción, concursos, formación, evaluación y disciplinamiento salarial”, concluyeron.
La semana anterior, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Empleo Público, pues consideran que “contiene violaciones constitucionales”, “violenta tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.)”, tiene vacíos legales y violenta las autonomías de las universidades públicas, Régimen Municipal, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
PERIODISTA: Aarón Chinchilla Carvajal
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Miércoles 15 de Febrero, 2023
HORA: 12:00 AM
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