Dirigentes de diversos grupos, numerosos sindicatos y vicerrectores de universidades estatales se reunieron hoy con el diputado liberacionista Gilbert Jiménez para impulsar la posposición de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público porque hay una imposibilidad técnica y operativa para implementarla y porque su entrada en vigencia conduciría a una situación caótica en todas las instituciones públicas, según explicaron.
Jiménez presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley “Posposición de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público” (expediente 23.573), que aplazaría la entrada en vigencia de la ley hasta el 10 de marzo del 2025, para que se le corrijan los errores señalados por varias instancias.
En una reunión sostenida hoy se acordó buscar el apoyo de todas las fracciones legislativas para que se dispense de trámite el proyecto de ley y se pueda aplazar la entrada en vigencia de la ley.
Asimismo, los presentes suscribieron una nota que enviarán a todas las jefaturas de fracción argumentando las inconsistencias e irregularidades de la ley.
En dicha carta señalan que “es un hecho ya constatado que el Estado costarricense a la fecha no cuenta con las condiciones requeridas para la correcta implementación de la citada ley, de manera que su entrada en vigencia conduciría a una situación caótica en todas las instituciones públicas, afectando con ello de manera grave la calidad de los servicios que brindan a toda la ciudadanía”.
“La posposición de la entrada en vigencia de la ley es un acto de responsabilidad política, imprescindible para evitar el conflicto social que generaría la entrada en vigencia de dicha ley, bajo las actuales condiciones”, resaltan.
También se acordó que el lunes por la tarde se realizará una reunión con las jefaturas de fracción para que los representantes de las organizaciones sindicales y expertos expongan la situación.
«Imposibilidad técnica y operativa de implementar la ley»
El diputado Gilbert Jiménez dijo a UNIVERSIDAD que “hay una imposibilidad material de implementar esta ley”.
Explicó que no existe una plataforma, ni un sistema, ni los recursos, ni las condiciones para implementarla, y que ni siquiera se ha tenido la capacidad de formular un reglamento, lo que se demostró con las 160 observaciones que se le presentaron al que sacó a consulta el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
“Lo que más importa aquí es ampliar el plazo para corregir las irregularidades y los vicios que tienen una serie de artículos y aprobar las reformas correspondientes”, destacó Jiménez.
El abogado Esteban Calvo Rodríguez, experto en derecho laboral, destacó que el Estado costarricense no tiene “las condiciones básicas necesarias para que esta ley entre en vigencia” y que “el peor escenario es poner en vigencia la ley sin que esté lo necesario para implementarla”.
Calvo explicó que la ley en su diseño complicadísimo demanda una estructura que no se puede implementar “a pedazos”, sino que se requiere la puesta en marcha de todas sus partes porque unos aspectos dependen de otros. “A la fecha lo que se sabe es que de eso muy poco se tiene ya hecho”.
Como partes de esta estructura que aún no están lista enumeró el sistema único y unificado de remuneración; el plan de empleo público (que se necesita para que cada institución elabore su plan institucional); la plataforma integrada de empleo; el sistema de oferta de empleo público; la estrategia integral de aprendizaje; reelaborar todos los reglamentos autónomos de todas las instituciones; y las metodologías de evaluación de desempeño en todos los servicios que brinda el Estado.
En la reunión participaron representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, la Unión Médica Nacional, el Sindicato de Empleados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial (Sitrajud) y el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja (Siprocimeca).
También los vicerrectores de administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) y del TEC y de la oficina de recursos humanos de la Universidad Estatal Distancia (UNED) y de la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Por su parte, Albino Vargas, secretario general de Anep, señaló que “el consenso es que esta ley es un verdadero caos en desarrollo, una anarquía de normas, una confrontación de sistemas jurídicos consolidados”.
“Es indescriptible lo que ya se ha detectado de lo que va a pasar con esta ley”, sentenció Vargas al final de la reunión, y agregó que también hay consenso “de que hay que hablar de movilización de las bases”.
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Varios de los legisladores presentes asintieron a las preocupaciones, reiteraron que la ley es un “mamarracho” y comenzaron a hablar de la posibilidad de aplicarle una vacancia, es decir, posponer su entrada en vigencia hasta que se corrijan sus defectos.
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