El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) presentó este jueves ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Marco de Empleo Público, en la que se alega entre otras cosas que esa legislación “violenta de forma flagrante la independencia de poderes”.
Así lo expresó el asesor jurídico del sindicato José Andrés Torrentes durante una sesión pública de la junta directiva de la organización realizada a las afueras del edificio que aloja al tribunal.
“La Constitución Política establece la división de poderes como un principio fundamental, la intromisión de otro Poder en el Judicial violenta esa premisa”, insistió.
El abogado también dijo que la cuestionada Ley violenta derechos adquiridos pues “de forma expresa permite que se aplique el salario global a todos los funcionarios de la administración pública, incluyendo a los actuales”. Con ello según explicó se violenta el principio de irretroactividad de la ley ( que prohíbe la aplicación de los efectos de las normas antes de su entrada en vigor), el cual impliica que “no se puede aplicar una ley en perjuicio” de esos derechos adquiridos.
Aseveró que con la nueva ley, que entrará a regir el 9 de marzo, “se violenta libertad sindical, los tratados ratificados por país ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ante Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que nos pone en peligro ante la mirada internacional”
Torrentes observó que se está ante un grave escenario de debilitamiento de la seguridad jurídica de los derechos de las personas trabajadoras, pues recordó la vigencia de la Ley para brindar seguridad jurídica a las huelgas, conocida como ley antihuelgas, y de la Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, que “causan menoscabo en los salarios de los funcionarios públicos y en el tema de libertad sindical”.
Añadió de esa manera que “con esta ley se consuma el objetivo y las convenciones colectivas para negociar mejoras salariales de funcionarios públicos (es algo que) queda totalmente enterrado”.
Por su parte Jorge Cartín, secretario general del Sitrajud, dijo que la acción de inconstitucionalidad es producto de un trabajo de meses y destacó el hecho de que en noviembre Corte Plena de manera unánime determinó que las personas trabajadoras del Poder Judicial no estarán sujetas al ámbito autoritario de acción del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).
Sin embargo, aclaró que ello no quiere decir que la ley no se vaya a aplicar al Poder Judicial: “el salario global, el salario congelado, el problema de las vacaciones, el problema de la evaluación de desempeño, el tema disciplinario, -todos estos asuntos ya cuestionados bastante y ampliamente por otras organizaciones, las universidades, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Contraloría General de la República (CGR)-, no nos dejan afuera a nosotros”.
Cartín además lanzó la advertencia de que “si esto no se gana a nivel de las herramientas que el cuerpo normativo nos brinda, por ejemplo la Sala Constitucional, vamos atener que tomar medidas de otro tipo, con ley de huelgas o sin ley de huelgas”.
Añadió que “a veces la única manera en la que los políticos y el poder económico de turno entienden, es cuando el pueblo se encabrona y sale a la calle. Esta vez no va a seer la excepción, ya los movimientos sociales se están organizando”.
Una vehemencia similar mostró la secretaria general adjunta, quien hizo un llamado muy bien acogido por las personas presentes a que la Sala Constitucional “envíe al basurero” la Ley de Empleo Púbico.
En el acto participó Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien dijo que en esa organización “estamos convencidos de que la aprobación abrupta, a la carrera, irresponsable de la Ley Marco representó una especie de golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949”.
Además aprovechó para destacar que lo que se conoce del borrador del reglamento a la ley incluye aspectos “más preocupantes por su ambigüedad, confusión y por su oscuridad, como dijo la PGR”.
Luego de que la junta directiva del Sitrajud aprobara la presentación de la acción de inconstitucionalidad, se dio una breve polémica pues el personal de seguridad del edifico que aloja a la Sala Constitucional pretendió no permitir que Cartín ingresara con el abogado Torrentes a entregar el documento. Al final y luego de pocos minutos y de que las personas presentes corearan con intensidad que se le dejara pasar, se permitió el ingreso del secretario general, quien proclamó “ven que la presión funciona”.
