Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (SINAE-Afines) denunció ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a la actuaria de la entidad, Carolina González.
Según la denuncia presentada la producción y presentación de un informe financiero “maquillado” sobre la situación económica de la entidad ha servido para dirigir las decisiones de la Junta Directiva y según el denunciante, lo que podría constituir los delitos de deberes y falsedad ideológica en el caso de Martha Esquivel, así como cohecho propio y corrupción agravada en el caso de Carolina González.
La denuncia detalla que el informe al que en repetidas ocasiones ha hecho referencia la jerarca para decir que la CCSS está “quebrada” fue presentado ante la Junta Directiva en setiembre del 2022, cuando lideraba la entidad Álvaro Ramos.
En noviembre, luego de removido Ramos, la nueva presidenta nombró a González (quien enfrentó cuestionamientos por pagos improcedentes) como directora actuarial y en febrero se presentó – por parte de ambas- un nuevo criterio “aparentemente maquillado” sobre la sostenibilidad financiera del seguro de salud.
A partir de dicho informe, indica la denuncia, se tomaron en el seno de la Junta Directiva decisiones sobre el portafolio de proyectos de inversión y se comunicó la “gravedad de la situación financiera” de la entidad.
El documento indica que “el informe actuarial ha sido variado en su análisis, recomendaciones y conclusiones por parte de la aquí denunciada Sra. Carolina Hernández Gaitán, en contubernio con la también denunciada la Sra. Marta Eugenia Esquivel Rodríguez” lo que se comprueba con la opinión Técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social.
En dicho informe, se indica que las proyecciones de gasto en servicios de salud y del gasto total de la CCSS se encuentran sobreestimadas y que no reflejan los superávits de operación y las reservas acumuladas por la institución.
“Entre las conclusiones más relevantes, de esta nota técnica elaborada por la OIT (…) es que las valuaciones actuariales que presenta la CCSS por medio de su Oficina Técnica de la cual se encuentra a cargo ésta última, hacen ver una gravedad de la situación financiera de la Institución, tergiversando los informes institucionales en materia actuarial, frenando con ello el portafolio de inversión, además de cohonestar la desidia del gobierno de pagar la deuda que posee con la institución”, reza la denuncia.
Por esas razones, Hernández pide que se investigue a Marta Esquivel por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad ideológica, y a González por cohecho propio y corrupción agravada.
Adjunta a la denuncia una serie de documentos en los que se incluye el cuestionado informe, la opinión de la OIT y varios acuerdos de Junta Directiva, al tiempo que ofrece evidencia testimonial de varias personas, entre las cuales se destaca el expresidente de la entidad, Álvaro Ramos.
