La llamada “Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera, Inclusiva y Solidaria” manifestó su oposición al establecimiento de jornadas de 12 horas, como el proyecto 21.182 de jornadas flexibles propone actualmente.
Sin embargo, ante la “insistencia de mayorías parlamentarias, del oficialismo y el ejecutivo en proceder con una ruta en retroceso de las garantías laborales” recomendaron la aplicación de esta ley solo a zonas francas.
“(…) en el entendido de que para aquellas empresas de zonas francas que ya de manera de hecho mantienen jornadas mayores a las 8 horas, incluyendo horas extras” indica el comunicado.
A la vez, propone la mesa, dotar de seguridad jurídica tanto al empleador como a las personas trabajadoras de forma que se garanticen sus los derechos laborales por medio de convenciones colectivas, criterios de inspección laboral, red de cuido y pago de horas extra.
Esta mesa multisectorial tiene representación de 24 organizaciones pertenecientes al sector cooperativo, comunal, solidarista, estudiantil, sindical, agrícola, de Colegios Profesionales y universidades públicas.
Las siguientes organizaciones ya suscribieron el pronunciamiento: FEUNA, Colegio de Abogados y Abogadas, Cenecoop, CONADECO, UNEBANCO, SEC, SINAE y Afines. y Corporación Horticula Nacional. Otras aún están en discusión.
En un comunicado de prensa la mesa manifestó preocupación por le intención de los sectores empresariales y productivos por el “no pago de horas extras” por medio de nueva legislación y “promoviendo la precarización laboral”:
“(…) es un rotundo NO a cualquier proyecto de ley que ponga en riesgo la seguridad social y las garantías laborales, irrenunciables, que hemos alcanzado y heredado desde los acuerdos y convenios internacionales con la OIT” dice el comunicado.
La mesa cita el artículo 58 de la Constitución Política en el que se establece la jornada de 8 horas y el pago de horas extras con un 50% más del salario estipulado.
En este mismo artículo se establece que las jornadas extraordinarias, las cuáles modificaría el proyecto de ley de jornadas flexibles, se deben aplicar solo en los casos de excepción “muy calificados” estipulados por ley.
Abogados constitucionalistas y laborales argumentan que la propuesta violenta este artículo al proponer una aplicación general para sectores completos como manufactura, “Servicios Corporativos”, turismo y salud.
El pronunciamiento afirma que las personas mas afectadas de aplicarse el proyecto serán las mujeres, las personas adultas mayores y jóvenes.
“(…) lamentamos mucho que se pretenda una regresión de garantías sociales, y no se busquen alternativas progresistas para la reactivación económica y refrendar los derechos laborales adquiridos, donde el futuro del trabajo se encuentra a las disposiciones de los avances tecnológicos, automatización de los trabajos mecánicos, la importancia de los trabajos de cuido, asumidos en su mayoría por mujeres, la erradicación del tráfico y trata de personas para actividades en esclavitud” agrega el pronunciamiento.
