Taxistas: Hay 16 “incongruencias” entre planes para reformar MOPT y regular plataformas

{{slide.text | html}}

{{slide.text | html}}

{{slide.text | html}}

(CRHoy.com). A través de un escrito presentado este miércoles ante la Asamblea Legislativa, el Sindicato de Taxistas de Costa Rica (Sindtaxcr) advirtió posibles incongruencias en los proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo para reformar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y en el texto para regular las plataformas tecnológicas de transporte (a través de aplicaciones como Uber o DiDi).

Hace 1 año exacto, el 17 de mayo de 2022, la cartera presentó la propuesta para reformar la entidad eliminando los órganos desconcentrados, como el Consejo de Transporte Público (CTP), y concentrando las decisiones en la figura del jerarca.

Posteriormente, el 3 de mayo de 2023, el MOPT y Casa Presidencial plantearon la propuesta de ley que busca “emparejar” la cancha entre taxistas y choferes de plataformas. En ese texto, ambos servicios se convertirían en privados, con precios regulados por el libre mercado y sin ningún control de entes como el CTP.

“Tratándose del transporte remunerado de personas, el expediente 23.114 (reforma al MOPT) es totalmente opuesto al expediente 23.736 (regulación de plataformas), siendo supuestamente el mismo gobierno que elabora ambos proyectos ¿Cómo se puede explicar que sean criterios diferentes, opuestos, desde su naturaleza hasta el fondo mismo de cada proyecto?”, cuestionó Greivin Campos, dirigente del sindicato.

Campos enumeró 16 posibles incongruencias que preocupan al sector:

1. El expediente 23.114 dispone que el transporte remunerado de personas modalidad taxi es un servicio público.
2. El expediente 23.736 dispone que el transporte remunerado de personas es un servicio privado.
3. El expediente 23.114, mantiene vigentes las concesiones de taxis y toda la regulación alrededor de las mismas.
4. El expediente 23.736 elimina las concesiones y no autoriza al MOPT para renovarlas.
5. El expediente 23.114 modifica la ley 7969 (ley de taxis), en algunos artículos, pero en esencia mantiene su eficacia.
6. El expediente 23.736 deroga la ley 7969. Es decir, la saca de circulación jurídica.
7. El expediente 23.114 mantiene el servicio de taxi mediante concesión administrativa.
8. El expediente 23.736, desaparece al taxi y transforma el servicio en una modalidad, que se presta por un permiso llamado Título Habilitante. Figura que es propia de las telecomunicaciones. No aplicable al transporte.
9. El expediente 23.114 mantiene la figura del cánon para financiar las instituciones que administran la actividad. Tal es el caso del CTP y la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
10. El expediente 23.736, desaparece el cánon y en su lugar establece una cuota anual por permiso.
11. El expediente 23.114 mantiene el sistema de tarifas mediante Aresep.
12. El expediente 23.736 designa al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para que establezca la rentabilidad mínima que deberían recibir los choferes de “apps” y de taxis por cada viaje realizado.
13. El expediente 23.114 cambia el nombre y funciones del Consejo de Transporte Público (CTP) a División de Transporte Público (Ditrans).
14. El expediente 23.736 no se refirió a los cambios en el CTP, los dejó para posterior.
15. El expediente 23.114 mantiene la figura de licitación abreviada para habilitar nuevas concesiones.
16. El expediente 23.736 no pretende a futuro nuevas concesiones, que fueron sustituidas por títulos habilitantes.

“Nos gustaría una respuesta. Por el momento, lo más sano es que el señor presidente Rodrigo Chaves retire el expediente 23.736 de la Asamblea Legislativa, por cuanto, es de sobra conocido, según lo que él prometió en campaña política, que el expediente que más cumple con las promesas de campaña están plasmadas en el expediente 23.114 (reforma al MOPT). Que fue precisamente uno de los primeros proyectos de ley que envió el Ejecutivo al congreso”, añadió Campos.

Según el dirigente, es necesario que las autoridades se pronuncien sobre la responsabilidad de los funcionarios que se encargaron de preparar ambos proyectos con una posible descoordinación.

El texto para regular las plataformas fue construido en conjunto entre autoridades de gobierno, algunos gremios de taxistas y representantes de las plataformas.

Aspectos generales del proyecto para regular plataformas:

• Vehículos (tanto de plataformas como de los taxistas) solo deberán acudir 1 vez al año a la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
• Todos los conductores deberán estar inscritos ante la CCSS.
• Deberán contar obligatoriamente con seguro por riesgos de daños a terceros.
• Pagarán renta al Ministerio de Hacienda.
• Taxistas podrán afiliarse a plataformas para operar.
• Vehículos de plataforma circularán identificados, donde se identifican como tales.
• Antigüedad de taxis formales será de 14 años.
• Tarifas para pagar serían fijadas por libre mercado, pero se establecerá un monto de rentabilidad mínima para cada viaje.
• La propuesta ya está en manos de la Asamblea Legislativa para comenzar a ser discutida a través de una comisión.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

En ausencia de una regulación específica, Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019. En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.