Ante el hecho de que el Tribunal Contencioso Administrativo suspendiera cautelarmente la aplicación del decreto 43767-Minae que limitó el uso del fipronil en el país, organizaciones ecologistas como el Bloque Verde han salido al paso para denunciar que esa norma realmente nunca frenó el uso en la agricultura.
Se trata de un insecticida prohibido en la Unión Europea por su alto grado de toxicidad, sin embargo en el país se utiliza en cultivos de chile dulce, cítricos o palma aceitera, así como plantas ornamentales y frutales.
Por su parte, la Cámara Nacional de Apicultura mediante un comunicado se refirió al proceso que fue planteado ante el mencionado Tribunal por la empresa Eco Company S.A. y pidió que resuelva el asunto “teniendo presente que el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano, son derechos fundamentales regulados en los artículos 21 y 50, de la Constitución Política y su protección es de interés público”.
Esa organización recordó que desde 2021 realizó su primera solicitud al gobierno para que se prohibiera el veneno. Por ese entonces UNIVERSIDAD pubicó datos de la Cämara, en el sentido de que el año anterior se habían dado 30 eventos de intoxicación masiva de abejas y cada uno de ellos costó la vida de unos tres millones de insectos. Ello quiere decir que en promedio murieron por intoxicación unas 250 mil abejas al día.
“En la gran mayoría de eventos con muerte masiva de abejas por intoxicación, en los cuales el SENASA (Servicio Nacional de Salud Animal) ha recogido muestras para ser analizadas en sus laboratorios, se ha determinado que el agente tóxico responsable de dichas muertes ha sido el Fipronil”, señaló la Cámara de Apicultura en su más reciente comunicado.
En agosto de 2021, tras una denuncia de la Cámara de Apicultura, la Defensoría de los Habitantes presentó un recurso de amparo en que solicitó la prohibición total del insecticida.
En resolución del 5 de noviembre de ese año, la Sala Constitucional ordenó a los ministros de Agricultura y Ganadería (MAG), Salud, Ambiente y Energía (Minae), al Senasa y al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), que en un plazo tres meses un equipo de trabajo interinstitucional culmine todos los estudios técnicos requeridos y rinda el informe final correspondiente sobre los riesagos del fipronil y, si determinaban que “el uso agrícola o veterinario de ese plaguicida causa daños graves a estos seres vivos y perjudica su función polinizadora, el informe respectivo deberá incluir las medidas adecuadas para resolver la situación y su plazo de ejecución”.
En febrero de 2022 se conoció el “Informe Técnico de Fipronil para determinar la afectación de este en abejas y otros insectos polinizadores”, el cual recomendó su retiro y prohibición para los productos de uso profesional registrados en el Ministerio de Salud y en el caso del uso agroindustrial, reemplazar por otros productos para controlar de la plaga conocida como picudo del chile dulce.
Finalmente en noviembre del año pasado se publicó el decreto que, prohibió el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil, “sobre todo para el control de plagas dentro de edificios y casas. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario”, según señaló el Dr. Elídier Vargas, experto agrónomo consignado en un comunicado del Bloque Verde.
“El uso agrícola que se le da al fipronil, que mata a más de 140 millones de abejas al año en Costa Rica, nunca estuvo en cuestión en el decreto”, sentenció esa organización.
Sin embargo, después trascendió que la empresa Eco Company S.A. acudió al Contencioso, pues el decreto sí alcanza a su actividad, y ese Tribunal emitió una medida cautelar que suspende la aplicación del decreto.
Así la Cámara de Apicultura exigió al gobierno la “prohibición inmediata” del fipronil, y que el Minae intervenga en el proceso judicial en marcha.
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