El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, aseguró que no se puede aplicar el salario global en instituciones públicas hasta que la Sala IV resuelva la acción de inconstitucionalidad que interpusieron.
“El salario global no puede ser impuesto en ninguna entidad pública. Hagan lo que quieran, cálculos, escalas, números para arriba o abajo, pero como es uno de los aspectos que hemos cuestionado (en el recurso) por derechos adquiridos ni el Gobierno ni el Mideplan pueden obligar que se imponga ese perverso salario global” dijo Vargas, indicando que se basa en el criterio de la asesoría legal de ANEP.
Este recurso fue interpuesto por ANEP en febrero y fue acogido para revisión por la Sala Constitucional a finales de mayo y argumenta que el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que entre otras medidas establece el salario global, violenta la división de poderes, las autonomías institucionales, los derechos adquiridos de las personas trabajadoras, la inseguridad jurídica y que contiene roces con la protección de los derechos humanos.
El presidente Rodrigo Chaves ha sido crítico del proyecto desde su campaña, sin embargo, en el poder se ha distanciado de la postura de los sindicatos al decir que considera la ley un “mamotreto”, pero por razones distintas y que “es lo que hay y la vamos a implementar”.
La ministra de Planificación, Laura Fernández, dijo el 13 de abril que el Gobierno presentará una reforma a la Asamblea Legislativa a este proyecto en sesiones extraordinarias que -en contra de lo argumentado por ANEP- buscaría evitar que las instituciones con autonomía puedan “abusar” de la potestad que les da la ley de decidir que trabajadores dejarán de estar bajo su rectoría.
Actualmente el plenario se encuentra en sesiones extraordinarias, pero la propuesta aún no ha sido presentada.
