Diario Extra - Ambientalistas se oponen a plan regulador en Caribe

Habitantes del cantón de Talamanca y organizaciones ambientalistas han manifestado su oposición al nuevo Plan Regulador Costero (PRC) que la Municipalidad en dicha localidad busca implementar, pues alegan supuestas afectaciones al ambiente y riesgos de construcciones extranjeras cerca de las playas.
Según pronunciamientos de las organizaciones Bloque Verde, el Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirena) del Caribe Sur y la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Keköldi, emitido esta semana, denuncian irregularidades “que amenazan desaparecer el Patrimonio Natural del Estado”. Las agrupaciones mencionan que el nuevo PRC permitiría la explotación masiva de infraestructura en el sector costero.
“… El plan ignora el gran faltante de agua para las comunidades, así como los largos períodos de sequías.
La municipalidad no da abasto con las montañas de basura que se mantienen acumuladas por semanas producto del turismo masivo que visita la zona, así como la gran cantidad de hoteles y cabinas ya existentes, y casas habitacionales. Puentes obsoletos de un solo carril colapsan frecuentemente la circulación vial en la comunidad. Tampoco hay un programa adecuado de manejo de desechos sólidos y el tema de reciclaje brilla por su ausencia…”, aduce el comunicado emitido por las agrupaciones.

RECOLECTAN FIRMAS
CONTRA PLAN REGULADOR

DIARIO EXTRA contactó directamente con Selva Baker Felton, una de las involucradas de la organización Talamanca Siempre Verde, quien mencionó que hace unos días lanzaron una recolección masiva de firmas a través de la plataforma Avaaz, con la finalidad de presentar un documento a la Municipalidad de Talamanca, reflejando su disconformidad con este plan regulador.
“Si bien las firmas no tienen una validez como instrumento legal, reflejan la voluntad popular”, dijo Baker, quien añadió que no buscan oponerse al desarrollo o turismo en la zona, sino que este sea en favor del pueblo y no de empresas privadas o extranjeras.
Otro de los alegatos que brindó Baker es que no hubo participación ciudadana o consulta alguna por parte del municipio, sobre esto “en las pseudocharlas informativas que hicieron de último momento, los encargados no lograban precisar detalles como dónde iría cada área de la zonificación, dónde irían los parqueos, etc.”, mencionó la activista.
Ante este punto, el funcionario municipal y miembro de la Comisión que elabora el PGR, Enrique Johnson, externó que “es un trabajo que se viene haciendo desde hace 6 años y que se han realizado un total de 10 consultas populares”.
“Esas argumentaciones son falsas, lo primero que hizo el Concejo Municipal fue llamar a líderes de organizaciones formales”, mencionó Johnson.
Pero según la activista, otro de los puntos que más le preocupan es que el proyecto solo contempla 2 de los 16 humedales que hay en el área.
“Al área de protección natural, que son las partes de Patrimonio Natural del Estado, únicamente constituye un 5,9 % entonces haciendo la comparación del 50.8% del área mixta versus 5,9% del área natural, es una diferencia bastante grande”.
El municipio respondió que este 5,9% no es sobre los 50 kilómetros totales, de los cuales ya un 38% se encuentra bajo algún régimen de protección que no corresponde al municipio ni estarían involucrados en el PGR, sino solo sobre los 12 km de costa sobre los cuales la municipalidad tiene jurisdicción.
“Lo que ellos no quieren ver es que lo que corresponde a Minae no tiene que ver con la municipalidad, el gobierno local solo tiene 12 km y se ocupa algo para poder retribuirle a la comunidad en obras ¿cómo arreglan calles, como poner rompeolas, como solucionar el problema a la basura, todas estas áreas de protección no pagan impuestos, las áreas indígenas no pagan impuestos, como subsistiría el cantón de Talamanca sin ningún ingreso de la zona costera?”, aseveró Edwin Patterson, miembro de la Comisión Municipal de Asuntos Afrodescendientes.
Ambos funcionarios del municipio alegaron que las declaraciones sobre afectación al ambiente e intención de atracción extranjera son falsas, alegando que en el lugar ya hay inversión del exterior.
“Justamente lo que buscamos con el PGR, es que esa inversión extranjera no afecte la cosmovisión, la inversión y el desarrollo de la zona, nosotros lo que queremos es evitar que esto se convierta como en otras zonas del país donde incluso las playas están privatizadas”.
Johnson añadió que, de los 50 kilómetros de playa que corresponden al cantón de Talamanca, actualmente cerca de 38 km están bajo administración del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y no se pueden tocar porque no son competencia del gobierno local. Añadieron que la elaboración del documento no es competencia únicamente de la municipalidad, sin embargo, participan el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Secretaria Técnica Ambiental (Setena) y el Minae.
“Aquí lo que no dicen es que la institución que está haciendo el PGR por medio de convenio con la Municipalidad de Talamanca es el INVU. No le estamos pagando a una empresa privada (para que realice el plan regulador) sino a la máxima autoridad de planificación de este país”, mencionó Enrique Johnson.

SETENA CONCEDIÓ LICENCIA
AMBIENTAL AL PLAN

La Setena se pronunció a través de la resolución No 025-2023-SETENA, en enero de este año, concediendo la licencia ambiental al PGR, no obstante, aclara que “la Municipalidad de Talamanca, que esta licencia ambiental no constituye la aprobación del Plan Regulador, sino la viabilidad ambiental al proceso evaluación de impacto ambiental del mismo; por lo tanto, deberá la municipalidad de Talamanca continuar con el trámite de aprobación que por Ley rige ante las Instituciones correspondientes”.
Posteriormente, en mayo emitió otro documento, bajo la resolución No 0683-2023-SETENA, donde excluye al territorio Indígena Kekoldi “ya que dicha área no es parte de la administración municipal y por ende no puede ser parte del Plan Regulador”, dice la resolución.