La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) denunció el pasado miércoles 16 de agosto a Martha Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a los miembros de su junta directiva y a cuatro funcionarios por haber supuestamente “amañado” datos actuariales de la entidad.
En un escrito dirigido a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y a la Contralora General de la República, Marta Acosta, el sindicato apuntó a una serie de “presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS”.
En la denuncia, mencionaron que el pasado 9 de marzo la junta directiva de la institución conoció un informe, presuntamente alterado, que se usó “para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología”.
En esa sesión, dicen, no advirtieron de las modificaciones hechas al informe, que se usó como base para justificar el aplazamiento de todos los proyectos.
Dicho informe, indicaron, se puede analizar a la luz de una nota técnica de la Organización Internacional del Trabajo y revela “posible alteración de tasas de utilización”, además de inconsistencias, referencias cambiadas abruptamente en las proyecciones del portafolio de inversiones, ocultamiento del algoritmo en que se basan las proyecciones y otras anomalías.
Por eso, solicitaron que se investigue a Esquivel y al vicepresidente de la mencionada junta, Roberto Quirós, así como a los demás miembros de la Junta Directiva que respaldaron las decisiones de la presidenta, “por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos”.
Además, piden que se analicen las actuaciones de varios funcionarios de la dirección de Planificación y de la Presidencia Ejecutiva, para que se determine si incurrieron en actos contrarios a la ley y solicitan que en el entretanto, se les separe de sus cargos para que “no puedan alterar posible evidencia o incurrir en acciones que presumiblemente puedan deterior la investigación”.
Finalmente piden que se abra una investigación contra el auditor interno de la entidad, Ólger Sánchez, pues ha tenido un rol de asesor permanente de la Junta Directiva pero “no ha advertido en el momento de las sesiones de estas graves implicaciones para las finanzas de la CCSS, lo cual podría tipificar como posible incumplimiento de deberes”.
Consultada por UNIVERSIDAD, la presidencia ejecutiva de la CCSS indicó que: “será en las instancias judiciales que correspondan que puedan brindarse los descargos y abordajes pertinentes”.
Alegaron además que las actuaciones de la Presidencia “han estado apegadas a la legalidad y a los principios éticos y morales que demanda estar al frente de una institución tan importante como la Caja” y destacaron que “lo solicitado no configura parte de las funciones sustantivas de la Caja, por lo que no se ajusta al espíritu del numeral 27 de la Constitución Política el cual tutela el derecho a obtener pronta resolución”.
