Un grupo de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que se establezca la nulidad de los acuerdos que tomó la junta directiva de la institución al dividir a los trabajadores en dos categorías distintas, dejando a 19.290 personas fuera de la categorización de exclusivos y excluyentes.
Con la puesta en marcha de la Ley de Empleo Público se determinó que las entidades autónomas tienen la potestad de establecer puestos, que, por su naturaleza y especialidad, son exclusivos y excluyentes, es decir, que no serán regidos bajo la rectoría del Ministerio de Planificación, sino por la misma institución.
Sin embargo, la mayoría de la junta directiva de la Caja declaró como exclusivos y excluyentes a 40.405 empleados, dejando fuera de esa categoría a otras 19.000 personas el pasado 11 de julio. El acuerdo solo contó con dos votos negativos de los representantes de las cooperativas y sindicatos, José Luis Loría y Martha Rodríguez.
Según la denuncia presentada, de la cual UNIVERSIDAD tiene copia, la Dirección de Recursos Humanos (Dirección de Administración y Gestión de Personal) y la Dirección de Sistemas Administrativos dieron criterio al respecto, e indicaron que todos los funcionarios y categorías ocupacionales de la institución son exclusivos y excluyentes por reserva constitucional.
La junta directiva de la Caja no revisó dichos criterios, y en su lugar autonombró una comisión encargada de analizarlos y que estaba extrañamente estaba conformada por tres miembros de ese mismo órgano, específicamente por Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva, Marco Tulio Escobedo Aguilar, representante del Poder Ejecutivo y Roberto Quirós Coronado, representante de la UCCAEP. Esto se convierte en una acción de ser juez y parte de la investigación.
Pese a que la comisión fue creada para revisar estos criterios sobre las categorías ocupacionales y documentos que presentaron diversos sindicatos, la demanda plantea que en el acuerdo tomado no consta que el grupo de directivos hiciera ningún requerimiento a las gerencias o que analizara la documentación.
Contrario a la razón por la que fue creada esta comisión, los tres directivos emitieron un informe en el cual hacían la definición de los puestos exclusivos y excluyentes, sin hacer revisión alguna de los criterios técnicos que hacían constar que todos los funcionarios debían entrar en esta categoría.
Por otra parte, el documento que posee este Semanario hace constar con pruebas documentales, que al finalizar el informe, la comisión no incluyó los puestos de Presidenta Ejecutiva, Gerente de Infraestructura y Tecnología, Gerente Administrativo, Gerente Financiero, Gerente Médico, Gerente de Pensiones, Gerente General, Gerente de Logística, Auditor y Sub Auditor, como puestos exclusivos y excluyentes, pero en el oficio SJD-1481-2023 del 17 de julio de 2023, en el que se comunicó oficialmente la decisión, sí se incluyeron.
“Esto hace pensar que lo que podría haber existido una manipulación del informe que fue votado y avalado por el órgano colegiado”, dice el documento de la demanda presentada ante el Contencioso.
Otro de los elementos que se ponen como justificación para anular la decisión de la junta directiva de la CCSS, es que, al momento de tomar esta decisión de dividir a los funcionarios en dos categorías ya la Sala había ordenado restituir a dos directivos (por el sector solidarista y el Poder Ejecutivo) que habían sido removidos por el gobierno, por lo que la votación la hicieron con dos personas que no podían tomar decisiones en el órgano colegiado.
Cuestionan también los demandantes que, a la fecha, no se han hecho públicas las actas de dicha reunión donde se tomó la decisión de declarar a un grupo como exclusivos y excluyentes, mientras dejaron otros bajo la rectoría de MIDEPLAN.
